El Senado de Estados Unidos aprobó ayer 350 millones de dólares para apoyar a México en la compra de equipo para combatir el narcotráfico en 2008, como parte de la Iniciativa Mérida. No obstante, ése no es el paso final para liberar el presupuesto: aún falta que una delegación de senadores y otra de representantes se reúnan para consensuar la versión final de la propuesta de ley, pues la semana pasada la Cámara de Representantes aprobó 400 millones de dólares para México y 61.5 millones para Centroamérica; ayer, el Senado avaló 350 millones para nuestro país y 100 para América Central.

Ninguna de las dos propuestas cumplió con las expectativas del presidente George W. Bush. Él había solicitado 500 millones de dólares para México y 50 para América central para el 2008.

Ayer, los senadores establecieron varias condiciones para que México reciba los recursos: en primera instancia, que se demuestre que se está llevando a cabo una reforma del sistema judicial mexicano, así como que la policía y el Ejército beneficiados por la iniciativa no están involucrados en casos de corrupción ni de violación a derechos humanos.

Más aun, la iniciativa exige establecer y actualizar un banco de datos “para el escrutinio de la policía y el Ejército mexicanos”.

Ante esto, Jesús Velasco Márquez, profesor de Relaciones Internacionales del ITAM y experto en procesos políticos en EU, aseguró que “al aceptar México entrar en ese programa está volviendo a entrar en un esquema como el de la certificación, no como el de la década de los 80, pero sí en un esquema similar, pues cada vez que se renueve la partida presupuestal volverá a ser objeto de revisión por parte del poder legislativo en Estados Unidos”.

Para Velasco Márquez, doctor en Historia de Estados Unidos por la State University de Nueva York, el que el gobierno de México solicite recursos para el combate al narcotráfico “es el reconocimiento de que es incapaz de resolver el problema por sí mismo. Es una confesión de su incapacidad” puntualizó.

El gobierno mexicano, resumió, “se está sometiendo a condiciones que sabe que le van a imponer”.

El académico recordó que nuestro país ha recibido ayuda de EU para combatir el narco desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. “Han contribuido con enormes cantidades; ha habido recursos que se han empleado desde la compra de gasolina hasta para adquirir aviones para fumigar”.

Pero la diferencia es que antes se recibían los recursos bajo un esquema de cooperación bilateral, pero ahora se incluyen, “peligrosamente”, en la partida del presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos explicó el académico.

“Ahora entramos en un esquema como el de Afganistán o Irak, con candados en el tema de derechos humanos”, apuntó.

“Si el gobierno de Felipe Calderón quiere someterse a ese esquema, debe aceptar que debe hacer algo más” apuntó Velasco Márquez.

El especialista comentó que es probable que los legisladores estadunidenses no emitan la versión final sino hasta agosto.

En Washington, legisladores de las dos cámaras estimaron que la fecha para empezar a debatir será después del lunes 2 de junio, cuando regresan del receso legislativo del Día de los Caídos.

Una vez que los legisladores hayan acordado la versión final, la iniciativa deberá ser votada en ambos plenos, y sí es aceptada por ambas cámaras, George W. Bush será el encargado de ratificar o vetar esta decisión.