Bajo la premisa de que el petróleo es patrimonio nacional, la posición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el debate sobre la reforma energética es que “Pemex no se privatice”. Pero advierte que es imprescindible otorgarle a la paraestatal autonomía en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“No pueden ser Pemex y los ingresos derivados de la renta petrolera la caja chica que sustituye la ineficacia en la captación de recursos por el gobierno federal”, subraya el partido, que en 1938 apoyó al presidente Lázaro Cárdenas en la nacionalización del petróleo y que durante su permanencia en el poder federal empleó a Pemex como el sustento del país.

Aunque la líder nacional de este partido, Beatriz Paredes Rangel, no ha querido hacer pública la postura que su instituto mantendrá en el Senado de la República (donde se radicó la iniciativa federal), en reuniones con los gobernadores y los principales dirigentes partidistas, la cúpula priista sostiene que “la producción y comercialización del petróleo debe estar en manos del Estado”.

Además, en ese partido se tiene la certeza de que “se requiere una política de Estado integral, de largo plazo, que contemple, a su vez, una política sectorial que preserve para el país la soberanía energética. Esta política sectorial debe atender la generación y consumo racional de todo tipo de energías y coordinarse con otras áreas tales como las finanzas públicas, las cadenas productivas, el uso del suelo y el agua, el desarrollo del campo, la preservación del medio ambiente y las medidas preventivas respecto al cambio climático, a fin de asegurar un desarrollo sustentable para México”.

El 5 de abril, cinco días antes de la toma de las tribunas en el Senado y la Cámara de Diputados por parte del Frente Amplio Progresista (FAP) —en rechazo a la propuesta petrolera del presidente Felipe Calderón—, Paredes Rangel dijo que “el PRI está por encima de la ‘urgencia’ de la derecha por forzar, a través de diagnósticos catastrofistas, decisiones antihistóricas que enajenan el patrimonio de la nación; también está por encima de la invención de molinos de viento, para manipular la vocación nacionalista de nuestro pueblo, reivindicando mesiánicamente lo que las fuerzas políticas progresistas y consistentes defendemos con firmeza y responsabilidad política, sin necesidad de estridencia o demagogia electorera”.

Uno de los ingredientes que se suman a la posición priista es que la mayoría de los estados del país con gran producción de petróleo son gobernados por este partido, como Campeche, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz.

En ese sentido, la posición del PRI es que en los gobiernos de los estados donde opera Pemex están concientes de las dificultades que la empresa enfrenta y, por ello, aprueban las reformas que la dirijan hacia una mayor autonomía de gestión, mayor transparencia y mayor inversión.

Resulta trascendental, continúa la posición partidista, que los estados productores de petróleo se beneficien de manera específica por la disposición y la existencia de este tipo de recursos del subsuelo en sus jurisdicciones, habida cuenta del impacto ambiental, demográfico y económico que implican la presencia de las empresas paraestatales, lo que significan las trasformaciones ecológicas inherentes en el entorno de municipios y regiones productoras, y los requerimientos de nuevas viviendas, en cuanto a la trasformación demográfica de las regiones.

La presidenta nacional del PRI ha señalado que Pemex forma parte de una política sectorial que debe ser guiada por un ente regulador autónomo, ajeno a los vaivenes políticos, integrado por consejeros independientes de reconocida experiencia y valía, electos por el Senado en forma escalonada, que no tengan relación o intereses cruzados con el gobierno, los intereses privados y los poderes fácticos.

El PRI propone que en este ente también participen los titulares de las secretarías de Energía, Hacienda, Economía y Medio Ambiente.

“La reforma de Petróleos Mexicanos debe abordarse en función de la política sectorial atendiendo a los objetivos señalados en la Constitución y leyes secundarias, así como en su ley orgánica”, asienta la postura del priismo. .

Según la postura del tricolor, el organismo rector de Pemex debe ser gobernado por un Consejo de Administración, integrado por representantes del ente regulador del gobierno, de los trabajadores y consejeros independientes —seleccionados por dicho ente— bajo los mismos principios de experiencia, valía y sin conflicto de intereses. El director de la empresa, así como sus principales directivos, podrán asistir a las reuniones del Consejo con voz, pero sin voto.

Además, el PRI señala que “es indispensable una estrategia de racionalidad financiera en la que el petróleo del país siga impulsando el desarrollo de la patria, siga apoyando el ejercicio de programas públicos, especialmente para combatir el rezago social, pero que eso no se haga a costa del debilitamiento de una empresa estratégica del Estado. ¡No podemos matar a la gallina de los huevos de oro!”.