Estamos abiertos a esta discusión, pero irónicamente ahora es el PRD el que se resiste a este diálogo.”

Humberto Aguilar Coronado

Vicecoordinador del PAN en el Senado

Lo que tiene en el centro la Iniciativa Mérida no son los recursos, es la cooperación y la corresponsabilidad.”

Ricardo García Cervantes

Senador panista

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República está dispuesta a aceptar el diálogo entre los legisladores y el Presidente de la República durante el proceso de entrega del Informe de Gobierno, tal como lo ha propuesto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como el propio Felipe Calderón Hinojosa sugirió el año pasado, siempre y cuando la oposición no busque convertir ese acto en una especie de espectáculo o juicio sumario para denostarlo.

Humberto Aguilar Coronado, vicecoordinador de los senadores del PAN, explicó que están abiertos a esta discusión, pero, irónicamente, ahora es el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el que se resiste a este diálogo, pese a que durante años la izquierda lo exigió.

Aguilar Coronado es uno los legisladores panistas que, como integrante de la Junta de Coordinación Política, se encarga de la negociación para construir la agenda que el Senado de la República desahogará durante el inminente primer periodo extraordinario de sesiones de la LX Legislatura.

De esta forma, el senador panista aseguró que su bancada está dispuesta a ir junto con el PRI hacia un cambio mayor en el formato del Informe Presidencial, para que no quede sólo en una sustitución de palabras en donde ya no se obligue al Presidente de la República a acudir a la Cámara de Diputados solamente a entregar el Informe de Gobierno.

La semana pasada, mediante un boletín de prensa, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, adelantó que su bancada colocará como tema prioritario del periodo extraordinario la reforma al formato del Informe Presidencial para incluir la llamada pregunta parlamentaria.

La intención de los priistas es que las nuevas reglas del Informe comiencen a operar el próximo 1 de septiembre, a fin de alejar esta ceremonia de rendición de cuentas de la polémica partidista y del culto a la persona.

La ruta crítica del cambio en el formato del Informe comenzó el año pasado, cuando, en medio de la amenaza perredista para impedir su entrada al Palacio Legislativo, el presidente Felipe Calderón propuso un diálogo directo con los diputados y senadores.

Héctor Larios, coordinador de los diputados del PAN, presentó en la Comisión Permanente una propuesta para que el Presidente no estuviera obligado a acudir a Palacio Legislativo el 1 de septiembre, aunque sí estuviera en la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, para dialogar con los legisladores federales.

A partir de octubre, la propuesta de Héctor Larios sirvió de base a la negociación protagonizada por el grupo especial formado por la extinta Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la Reforma del Estado (CENCA).

En febrero pasado, Excélsior informó que las tres fuerzas políticas en el Congreso habían logrado el consenso de ir por el diálogo entre los legisladores y el Presidente de la República, pero después, el PRD y un grupo del PAN dieron marcha atrás.

Los primeros, para evitar que Felipe Calderón se convierta en el primer Presidente que dialoga con los legisladores; los panistas, para proteger la imagen presidencial.

Así, en la última fase de negociación, el PRI se quedó prácticamente solo y únicamente se concretó el pacto de lo que Manlio Fabio Beltrones llama una “reforma light”, al cambiar sólo la palabra “asistirá” por “enviará”.

Antes, Manlio Fabio Beltrones había planteado que era necesario que se abriera la posibilidad de que en un plazo de 20 días después de que el Legislativo recibiera el informe, se determinara si se cita al Presidente para que comparezca en alguna de las cámaras.

Los senadores priistas, según informó Beltrones, quieren que se establezca una relación de mayor transparencia y claridad en la rendición de cuentas entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Están en favor de la llamada “pregunta parlamentaria”, que obligaría al Ejecutivo a responder puntualmente, por escrito, cualquier duda de senadores y diputados.

De acuerdo con la propuesta del PRI, el Congreso también tendría la facultad expresa para citar a cualquier funcionario y podría sancionarlo en el supuesto de que diera una información falsa.

Para que el próximo Informe Presidencial de Felipe Calderón sea con el nuevo formato, es necesario que la reforma se apruebe y publique en el Diario Oficial de la Federación antes del 1 de septiembre próximo.