Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) involucrados en el proceso de licitación y contratación de la empresa Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva S.A. de C.V. (Cesae), para dar mantenimiento al Learjet 45 siniestrado el pasado 4 de noviembre, fueron suspendidos ayer de sus cargos.

Se trata de Francisco González Muñoz, quien se desempeñaba como director general adjunto de Seguridad y Areonaves, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y quien, además, había fungido como representante de la Segob durante el proceso de licitación en la administración de Francisco Ramírez Acuña, y Carlos Juraidini Rumilla, director de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

Ambos participaron en el proceso de licitación 00004010-020-07, lanzado por la Segob en 2007 para contratar los servicios de mantenimiento mayor y tripulación del Learjet 45 de su propiedad, así como en la firma del contrato SG/CNS/10/2008 con la empresa Cesae, signado el 31 de diciembre de ese año.

La determinación fue tomada por el Órgano de Control Interno de la Segob, que depende de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para facilitar las investigaciones sobre presuntas irregularidades u omisiones de los servidores públicos durante el proceso de contratación de Cesae.

Excélsior dio a conocer el pasado 21 de noviembre que empleados de la dependencia federal del área de Recursos Materiales y Servicios Generales habían contratando seguros para protegerse en caso de que resulten responsables de alguna violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En esa ocasión, fuentes de la dependencia confirmaron que por lo menos cuatro empleados de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales han adquirido seguros de responsabilidad civil y asistencia legal de servidores públicos, con una cobertura que va de los dos a los cinco millones de pesos para enfrentar posibles multas y procesos administrativos o penales en su contra.

De esta manera, los funcionarios buscaban protegerse de cualquier incumplimiento de un deber, negligencia, errores o actos irregulares en sus funciones, mismas que pudieran ser motivo de denuncia o queja, por afectar a un tercero.

Los funcionarios que se protegieron ante cualquier acción legal o penal fueron Francisco González Muñoz, director general Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales; Carlos Juraidini Rumilla, director de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios; Efrén Galindo Amador, subdirector de Adquisiciones y Araceli Guevara Sandoval, jefa del Departamento de Licitaciones de Bienes.

La normatividad interna de la misma Segob obliga a los funcionarios de la Dirección General de Recursos Materiales a verificar que los proveedores cumplan con lo establecido en los contratos a fin de garantizar el buen desempeño de los bienes muebles, como lo establece el apartado 10 del Reglamento Interior de la dependencia, que dice: “Vigilar el cumplimiento de los requisitos jurídicamente establecidos para dar curso al trámite de pago de las adquisiciones, arrendamientos, servicios en materia de bienes muebles, así como de obra pública y verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales y garantías que deban otorgar los proveedores”.

Apenas el pasado 9 de diciembre, Abel Cuevas Melo, oficial mayor de la Segob, había señalado que la dependencia estaba en espera de que la SFP determinara si era viable o no la suspensión de los trabajadores de la Dirección de Adquisiciones.

“Estamos revisando esta situación. El órgano interno de control está determinando, ya sea en la figura de licencia o en el de suspensión.

“Yo me reservo cualquier tipo de opinión al respecto. La SFP es quien tiene que determinarlo, el secretario de la Función Pública está trabajando en eso”, aseguró.

Cuevas Melo, dijo también que la Segob continuaba cooperando con la SFP y la SCT en la recopilación de información sobre dichos procesos, a fin de deslindar responsabilidades.

“Las responsabilidades que tengan que salir y que sean determinadas en este caso por la SFP, como ellos mismos lo han declarado, en particular el secretario Salvador Vega, tendrán que llegar hasta sus últimas consecuencias.

“En la Segob estamos en la mejor disposición de cooperar desde el principio, incluso solicitando la participación del órgano interno de control en todos y cada uno de los procesos que hemos seguido de entrega de documentación, supervisando el proceso de recopilación, incluso de datos que hemos hecho desde las primeras horas y procurando que sean ellos los que determinen el alcance de la responsabilidad”, subrayó.