Las reformas que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación seguirán vigentes en el Distrito Federal, toda vez que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las declararon constitucionales.

La resolución del máximo tribunal abre la puerta para que los estados del país emitan leyes en materia de aborto, toda vez que adoptaron criterios jurídicosque alientan y autorizan la práctica del aborto, las cuales quedarán sentados en jurisprudencia.

Hasta el momento, la mayoría de los estados cuentan con legislaciones que autorizan la interrupción del embarazo en casos de violación, peligro de muerte de la madre o malformaciones genéticas o inseminación artificial no consentida. Sin embargo, sólo el Distrito Federal cuenta con una norma que avala el aborto voluntario (antes de las 12 semanas), mientras que Yucatán es la única entidad donde se vale exponer razones económicas (cuando las mujeres tienen por lo menos tres hijos).

En un hecho histórico, la mayoría del pleno de la Corte, ocho de once, concluyó ayer que la Carta Magna no consagra el derecho a la vida de “manera absoluta y sin restricciones”, por lo que no se puede penalizar el aborto.

“Ni constitucionalmente ni internacionalmente existe un derecho como tal a la vida, y en consecuencia tampoco puede existir un derecho absoluto a la vida”, planteó el ministro José Ramón Cossío.

Además, agregó el ministro Fernando Franco Salas, “ni en la legislación nacional o en los tratados internacionales existe una norma que obligue al Estado mexicano a sancionar penalmente a la mujer que decide interrumpir su embarazo en las primeras doce semanas de gestación”.

La ministra Olga Sánchez Cordero se refirió a esta posibilidad de que los congresos estatales legislen para despenalizar el aborto.

“Una manera eficaz de ayudar a las mujeres que abortan y dar una solución a ese problema social es despenalizar el aborto, legislarlo, sacarlo de la clandestinidad para poder enfrentarlo y poder remediarlo”, propuso.

Por su parte, la ministra Margarita Luna Ramos, aunque también voto en favor de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, su argumentación se apartó de la mayoría de sus colegas ministros. Sostuvo que no se puede penalizar el aborto, porque “la Constitución protege la vida, pero lo hace de las autoridades, y no de los particulares”.

En favor del proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que proponía invalidar las reformas al Código Penal del Distrito Federal, aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sólo se pronunciaron el ministro Mariano Azuela Güitrón y el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En un discurso, apartado de lo estrictamente jurídico, el ministro presidente planteó que es obligación de las mujeres tener “un plan de vida responsable”, y sobre todo, subrayó, que no se justifica el aborto en una sociedad donde hay métodos anticonceptivos.

“El plan de vida de la mujer tiene que ser responsable y no un plan de vida generado de momento, sin previsión alguna en relación con el embarazo, por ejemplo, la Escuela de Enfermería Militar prohíbe que sus estudiantes se embaracen durante todo el plazo de duración del curso”, expresó el ministro presidente.

De manera paralela a la discusión sobre el derecho a la vida, el ministro Fernando Franco hizo manifiesta la obligación de los legisladores capitalinos de proporcionar información oportuna y veraz sobre la anticoncepción.

En la sesión de hoy, quedará asentada la votación, y los ministros concluirán la revisión del juicio del aborto analizando la constitucionalidad de los tipos penales que establecieron los legisladores capitalinos para penalizar los abortos después de las 12 semanas de gestación.