Quitarle al Presidente el derecho a vetar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ampliar las facultades del Senado para ratificar a los titulares de Hacienda y la Cancillería, así como limitar la obligación presidencial a solicitar permiso para salir del país, fueron los temas que frenaron ayer el avance de la reforma al Poder Legislativo.

Los cambios al Congreso de la Unión constituyen la más alta apuesta de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la Reforma del Estado (CENCA) en su última fase de existencia, pues implica los primeros pasos hacia un presidencialismo más acotado, según los legisladores.

Ayer, el grupo especial que procesa estos cambios, los cuales deberán estar listos a más tardar la noche del miércoles, tomó un receso, pues las posiciones en tales temas fueron inamovibles, sobre todo entre perredistas y panitas.

Además, los legisladores del PAN plantearon el tema de la reducción del tamaño del Congreso: en la Cámara baja pasar, de 500, a 400 legisladores y, en el Senado, de 128 a 96; es decir, eliminar a los plurinominales, aunque no lo formalizó por escrito.

Senadores y diputados federales del PAN argumentaron que todos estos cambios sólo debilitarán el poder presidencial, frente al fortalecimiento del Poder Legislativo.

Los perredistas insistieron en que es necesario que el Ejecutivo tenga contrapesos reales, no sólo de papel; por ello, resulta preciso que el Legislativo tenga mayores facultades. Los priistas destacaron que estos son pasos encaminados a un gobierno más compartido, con más legitimación, al tener mayores competencias ambos poderes.

Como lo adelantó Excélsior el 31 de marzo, el documento de trabajo para la reforma del Poder Legislativo establece en el artículo 72 constitucional que el Ejecutivo no puede hacer ningún tipo de observaciones o veto al PEF.

Ayer, los perredistas sostuvieron esta posición, los priistas hablaron de que ya existe una sentencia de la Suprema Corte y los panistas retiraron su respaldo a tal punto.

En cuanto al nuevo formato del Informe de Gobierno, el acuerdo fue mantenerlo el primero de septiembre, pero ya no acudirá el Presidente; se ratificó la llamada glosa y que el Congreso puede citar al mandatario al término de 40 días; el pacto en cuanto al debate y su formato se dejará en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

Sobre las mayores atribuciones al Senado para ratificar a los titulares de Hacienda y de Relaciones Exteriores, tanto priistas como perredistas coincidieron en que ello no excede el poder senatorial, pues ya ahora es corresponsable de la política exterior y ratifica a los empleados superiores de Hacienda.