La posibilidad de instaurar de nueva cuenta la pena de muerte en México es prácticamente nula, no obstante el clamor de justicia de quienes piden ese castigo; legisladores, juristas y organizaciones civiles la califican de retrógrada.

El presidente Felipe Calderón allanó el camino que pudiera poner fin a la discusión sobre la probabilidad de que México retome la pena capital, al anunciar que enviará al Congreso una iniciativa de ley que instaure la cadena perpetua lo que contaría con el respaldo jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte, especialistas consideran que tanto la pena de muerte como la cadena perpetua son condiciones punitivas similares y contrarias a la esencia del derecho, así como de las garantías de la Constitución que consagra la readaptación social del delincuente.

En diciembre de 2005 la comunidad internacional aplaudió el anuncio de la abolición formal de la pena de muerte en México, que a pesar de que no se aplicaba estaba inscrita en el Artículo 22 de la Constitución, para adecuar el sistema constitucional a la Declaración Internacional de Derechos Humanos.

A partir de ese anuncio pocas fueron las ocasiones en que se puso en la mesa la necesidad de imponer de nueva cuenta la pena capital, como consecuencia de un recrudecimiento de la inseguridad y de actos delictivos que rebasaron los límites hasta el momento conocidos.

"Castigo tan bárbaro venturosamente ha desaparecido de la Constitución y de la legislación penal sustantiva", declaró el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas al opinar sobre una posible reincorporación de la pena de muerte en el sistema de justicia penal.

La pena capital no es lícita ni necesaria en las sociedades civiles, afirmó el investigador universitario.

De la misma forma opinaron otros especialistas al someter a una revisión el sistema punitivo mexicano, quienes consideraron que la pena capital no reducirá el índice de delitos.

En su oportunidad Luis de la Barreda Solórzano, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consideró que la aplicación de tal castigo es inútil al no lograr disminuir la criminalidad.

jrr