La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que busca trasformar a las corporaciones para hacerlas honestas e impedir infiltraciones del crimen organizado se atoró anoche en el punto del proceso de certificación a los policías.

El PAN propone que la certificación sea aleatoria entre los elementos y quede en manos de la Secretaría de Seguridad Pública federal. El PRD rechazó la propuesta y empuja que la certificación se practique en cada elemento de los tres órdenes de gobierno y que en vez de que sea la SSP la que haga el proceso se cree un órgano con autonomía de gestión, por lo que propone conformar el Centro Nacional de Certificación con delegaciones en estados y municipios de mayor incidencia delictiva.

El PRI mantuvo una posición de buscar un término medio entre ambas propuestas, de acuerdo con legisladores que estuvieron en la reunión.

El asunto de la certificación es uno de los cinco puntos más relevantes de la reforma al sistema nacional de seguridad en los que hubo posturas totalmente opuestas. Los otros son: que el consejo nacional de seguridad sea representado por el Ejecutivo directamente y no por la Secretaría de Gobernación, como plantea el Ejecutivo en su iniciativa enviada a San Lázaro.

Los principales negociadores en la Comisión de Seguridad Pública son el presidente de dicha instancia legislativa, Juan Francisco Rivera Bedoya, por el PRI, Luis Gerardo Serrato, por el PAN, y David Mendoza, por el PRD.

Además, en el asunto de las facultades a las corporaciones, el PAN pide que, en casos especiales, la policía sustituya el papel del Ministerio Público, es decir que tenga una participación acusatoria; y en la figura de la policía única también hay diferencias, pues el PRD, aquí sí con el respaldo del PRI, se opone a que todas las corporaciones estén bajo los dominios de “un solo hombre”.

El quinto punto que atoró las negociaciones, de acuerdo con el perredista David Mendoza, secretario de la comisión de Seguridad Pública de San Lázaro, es el asunto de la base de datos, “en la que los panistas plantean digitalizar información de los delincuentes”; sin embargo, el PRD va más allá y quiere que la Secretaría de Hacienda dote de información financiera de manera directa al MP cuando así se la requiera.