>La definición de una estrategia única tendiente a evitar una reforma energética que contemple aumentar la participación de capitales privados en Pemex, dividió a dos de los más fuertes candidatos a dirigir al PRD y a los grupos que representan.

Al realizar sendos actos por separado, y con motivo del XCI aniversario de la promulgación de la Constitución Política mexicana de 1917, Jesús Ortega y Alejandro Encinas marcaron sus posiciones respecto al papel que deberán desempeñar los legisladores de ese partido político en el Congreso de la Unión, en caso de que se concrete por parte del PAN o del PRI una iniciativa en ese sentido.

Flanqueado por el coordinador parlamentario de los senadores perrerredistas, Carlos Navarrete, y por diversos diputados federales y locales que le manifestaron el apoyo a su candidatura, Ortega Martínez llamó a los legisladores de su partido a “no quedarse fuera del debate político ni a permitir que la izquierda regrese a la marginalidad política y al arrinconamiento político”.

Fue entonces que a semejanza del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ortega propuso a sus compañeros de partido la creación de un comité en defensa de los recursos energéticos, que sería encabezado principalmente por legisladores y dirigentes políticos del sol azteca.

Minutos más tarde en la explanada del Zócalo y ante un quórum no mayor a trescientas personas, Alejandro Encinas identificado más con la corriente lopezobradorista difirió de la postura de su contrincante Jesús Ortega y advirtió que impedirán un debate sobre el tema.

“Yo respeto su punto de vista, tenemos visiones distintas porque una cosa es sentarse a negociar en condiciones de equidad para llegar a un acuerdo y otra ir a avalar y a legitimar una iniciativa que va contra nuestras propuestas”.

Por su parte, en el Senado, Rosario Ibarra presentó ante el pleno una iniciativa para poner un candado a nivel constitucional que impida la venta de Pemex, incluso obligue al gobierno federal y a los propios legisladores a convocar a una consulta pública en caso de que deseen abrir los hidrocarburos a la inversión privada.