A pesar de los argumentos jurídicos en pro y en contra de la controversia constitucional en el caso de la liquidación de Luz y Fuerza, será el pleno de San Lázaro quien defina el tema en una decisión política donde sea la mayoría legislativa que determine si se presenta o no ante la Corte este recursos legal.

Reconoció el presidente del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que analiza el tema, Alfonso Navarrete Prida, quien reconoció que "todos los asuntos que se votan en una asamblea tienen una dosis alta de política".

En entrevista al término de la última sesión de dicho grupo de trabajo, aseguró que sin embargo está sólida la posición, está sólida la discusión, están sólidos los argumentos para que el pleno tome una buena decisión más allá de los intereses de partidos.

El legislador federal del PRI, explicó que el próximo martes 10 de noviembre se presentará al pleno de San Lázaro el análisis jurídico con los argumentos a favor y en contra de la controversia, para que ahí se defina por mayoría si se presenta o no el recurso ante la Corte.

Comentó que la discusión se centrará en determinar si el Ejecutivo invadió o no una esfera del legislativo, o en su caso si el gobierno federal tiene facultades para poder extinguir al organismo, por lo que queda intocada la parte del capitulo económico de la Constitución.

Se volverá una larga sesión, adelantó Navarrete Prida, y si nos circunscribimos al tema técnico también será enriquecedora para el Congreso de la Unión porque no se tocarán aspectos sociales o políticos que no son materia de discusión.

Alfonso Navarrete dijo que el Pleno constituyó al grupo para que entreguen resultados en un plazo máximo de 12 días hábiles, por lo que la fecha de conclusión es el 10 de noviembre.

"Además el plazo máximo para que la Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional es más largo, casi al 24 de noviembre como plazo máximo".

Precisó que la discusión se centrará en cinco ejes jurídicos: Si hay una violación directa a la Constitución en el decreto ante la posibilidad de invadir la esfera de facultades del legislativo.

Igualmente, abundó, se analizará la posibilidad de una violación a la Constitución, que habla del capitulo económico y del decreto toca al hablar de la energía eléctrica.

"Otro apartado sobre si se violaron o no los derechos laborales", acotó.

Además del fundamento del decreto que se basa en el artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que habla de que el Ejecutivo tiene facultades para crear o extinguir al organismo.

Por último, dijo el legislador, se hablará sobre la naturaleza del acto jurídico, en el sentido de que si la determinación del Ejecutivo es del orden administrativo, o si creó condiciones de carácter general.

La bancada del PRD expuso al término de la reunión, que en caso de que la Cámara de Diputados no vote a favor de la controversia, el recursos se promoverá a través de alguno de los municipios afectados por la decisión o incluso será la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

azc