Cierre de carreteras, toma simbólica de diez dependencias federales y el cierre de las principales instituciones de educación superior forman parte de las acciones de protesta que diversas organizaciones anunciaron en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así como un “paro cívico nacional” el próximo 11 de noviembre.

Decididos a revertir el decreto que extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LyFC), los líderes de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular —integrada por más de 20 organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y sociales— analizarán además la realización de una “huelga general nacional”.

Dentro de sus plan de acción, para lo cual formarán comités de huelga en todo el país, se encuentran la toma “civil y pacífica” de todas las instalaciones de LyFC, en las cuales colocarán banderas rojinegras.

Planean también abrir las casetas en las autopistas de cuota, cerrar instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad de Chapingo.

Por el momento, se reservaron el nombre de las depedendencias del gobierno federal que consideran bloquear.

En el auditorio de la nueva sede sindical del SME, el dirigente no reconocido del gremio de los ex trabajadores de Luz y Fuerza, Martín Esparza, dijo a los cerca de dos mil asambleístas que con esta lucha se ponen a la vanguardia de los movimientos sociales, no sólo para preparar la huelga nacional, sino para buscar un cambio radical del modelo económico en el país.

Habló de lograr la renuncia del presidente Felipe Calderón por la vía del referéndum, de reestructurar el Presupuesto de Egresos “en favor del campo, de las empresas públicas, de la educación popular”, y evitar un “golpe de Estado” contra el resto de la clase trabajadora.

Los dirigentes estudiantiles de la UNAM, el IPN y Chapingo aseguraron que además de cerrar las aulas el 11 de noviembre, acudirán a las zonas cercanas a organizar mítines relámpago en plazas públicas y mercados, y visitarán “casa por casa” para “informar a la población de las nefastas acciones que hace contra los trabajadores el gobierno calderonista”.

El gobierno federal reiteró su compromiso de alentar las condiciones que permitan acuerdos y consensos con los ex empleados de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como su ofrecimiento al diálogo.

A través de la Secretaría de Gobernación, también confirmó su postura sobre el desarrollo de acciones para asegurar el pleno respeto de los derechos de los ex trabajadores y jubilados de esa paraestatal.

Además del establecimiento de alternativas laborales y productivas en su beneficio, ello en respuesta a la situación que se presentó en las instalaciones de LyFC en Juandhó, en el municipio de Tetepango, Hidalgo, que derivó en enfrentamientos con las autoridades.

En un comunicado, Gobernación reiteró la legalidad y pertinencia de la extinción de ese organismo, el 11 de octubre.

Destacó que dicha medida se llevó a cabo por convenir al interés público y a la economía nacional, la tiempo que manifestó su respeto irrestricto a la libertad de expresión cuando se hace de manera legal y pacífica.

En este marco, llamó a asumir la responsabilidad de conducirse en el marco de la legalidad y respetando los derechos de terceros.