El gobierno de Estados Unidos analiza la actuación de las fuerzas federales mexicanas en materia de derechos humanos y respeto a la población civil, en el marco de la estrategia de combate que se ha emprendido contra el tráfico de drogas en nuestro país.

La certificación de una correcta actuación de soldados y policías en esta estrategia puede definir la entrega de recursos y apoyo logístico que planea entregar el gobierno estadounidense, como parte de la llamada Iniciativa Mérida.

Así lo informó el director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas, Gil Kerlikowske, durante su primera visita a nuestro país y después de una reunión que sostuvo con el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.

“(Sobre) la certificación para el gobierno de México, en relación con el asunto de los derechos humanos, yo no soy la persona que hará esta certificación, se trata de la secretaria de Estado, la secretaria Hillary Rodham Clinton, quien hará esa certificación”, dijo.

El funcionario estadunidense destacó que su gobierno mantiene el compromiso de apoyar a México en el combate a las organizaciones especializadas en la venta y distribución de drogas, pero habrá que cumplir con todos los ordenamientos del acuerdo binacional.

“Sobre la Iniciativa Mérida, he tenido varias reuniones informativas y ahora tengo esta gran oportunidad de venir a México para saber cómo se ha dado directamente esta cooperación, y también el gran número de programas y proyectos que se están implementando.

“Les puedo decir que desde la posición de Estados Unidos, estamos muy interesados en asegurarnos que los fondos y los programas y la capacitación, el equipo, toda esta variedad de servicios, todo esté siendo implementado de la manera más rápida y eficaz posible”, señaló.

Kerlikowske indicó que una vez concluida su visita de cuatro días a este país, tendrá los elementos para ofrecer información al Departamento de Estado sobre el respeto a los derechos humanos en México.

En este asunto, subrayó que él no es la persona indicada para hablar sobre la certificación de derechos humanos, pero que recabará la información sobre las prácticas militares y policiacas en el combate a la violencia y a la delincuencia organizada.

En la década pasada e inicios de ésta, el gobierno de Estados Unidos mantenía bajo observación las acciones de diferentes países contra el tráfico y producción de drogas. De esta evaluación, conocida como “certificación”, dependía la entrega de apoyos económicos para el combate de este ilícito en otras naciones.

Después de varios desencuentros políticos, el 25 de septiembre de 2002, el Senado estadunidense aprobó por unanimidad la eliminación del proceso unilateral de certificación de drogas.

La cancelación de la certificación se tomó como una victoria para el gobierno de Vicente Fox, quien durante su visita oficial a Washington, en septiembre del 2001, habló ante el Congreso de Estados Unidos y pidió poner fin a ese proceso.

El Congreso de EU evaluaba los datos y decidía, de manera unilateral, cuales países serían acreedores al apoyo económicos.