Un juez federal dictó auto de formal prisión contra dos integrantes del grupo de secuestradores Los Rojos, presuntos responsables de la muerte de la joven en 2008
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra dos integrantes del grupo de secuestradores autodenominados Los Rojos, quienes son los presuntos responsables del secuestro y homicidio de la joven Silvia Vargas Escalera, hija del empresario y ex titular de la Conade, Nelson Vargas.
Tras la rejilla de prácticas del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, radicado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se notificó a Martín Enrique Monroy que será sujeto a un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.
Este hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación el pasado 15 de enero de 2009, en cumplimiento a la orden de localización y presentación que giró en su contra y estuvo arraigado por un término de 40 días.
Mientras tanto, en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se dictó formal prisión contra Jorge Luis Terán Olea, como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Terán Olea quedó a disposición del Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, desde el 16 de diciembre de 2008, por la presunta comisión del delito de robo agravado (de vehículo automotor con violencia), por lo que actualmente se encuentra interno en el Penal de Barrientos.
Los procesados deberán permanecer en una celda en tanto concluye el juicio en su contra, ya que el delito de secuestro es considerado como grave y por ello no podrán alcanzar el beneficio de la libertad bajo caución.
Silvia Vargas fue secuestrada cuando tenía 20 años, y sus restos fueron encontrados en una casa de la Ciudad de México, y por el estado del cadáver se presume que fue asesinada varios meses antes del hallazgo.
El caso de Vargas Escalera avivó la indignación de la sociedad mexicana, que en agosto de 2008, fue sacudida por la muerte del adolescente Fernando Martí a manos de sus secuestradores.
El asesinato de este joven detonó la indignación de los mexicanos que pidieron en una manifestación multitudinaria poner fin a los plagios.




