La inseguridad pública, el caso Morelia, las acciones de prevención e inteligencia y el riesgo de que la actual coyuntura genere ingobernabilidad en el país fueron algunos de los cuestionamientos que se hicieron a los titulares de la Segob, SSP y PGR durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Desde su curul y a nombre del PRI, César Camacho Quiroz se refirió a los hechos ocurridos en la capital michoacana el 15 de septiembre pasado y preguntó a los funcionarios "cuántos muertos más se requieren para pasar de la inseguridad a la ingobernabilidad".

Apuntó que "deficiencia, demagogia y desorden son tres pinceladas que pintan de cuerpo entero el combate a la delincuencia en esta administración. Esta es la trilogía del desamparo, ese desamparo sentido por 60 por ciento de los mexicanos".

En la primera ronda de cuestionamientos, en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, Obdulio Ávila Mayo, del PAN, preguntó al titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, si está en peligro la gobernabilidad del país.

Refrendó el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del presidente Calderón "sin regateos ni titubeos", y dijo que ese partido se opone a cualquier pacto con el narcotráfico, como piden algunas voces.

A su vez la diputada federal Aleida Alavés Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso un "pacto de salvación nacional" con un cambio en la política económica, social y de seguridad.

Expuso que se requiere un llamado a la unidad nacional pero no que encubra la corrupción, así como un examen autocrítico del gobierno federal donde se sancione a los funcionarios corruptos.

Elías Cárdenas, de Convergencia, se refirió al ataque en Morelia y aseveró que hay falta de compromiso con las reformas del sistema de inteligencia del país.

La diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo (PT), abordó el asunto del motín en Tijuana y los presos muertos y pidió a los funcionarios investigar la manta aparecida en esa ciudad fronteriza donde se señala que autoridades federales, estatales y municipales estarían en la nómina del narco.

Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también expuso el caso de las granadas en Morelia el 15 de septiembre y preguntó si es un hecho aislado o una nueva embestida del crimen organizado.

A nombre de Nueva Alianza, Blanca Luna Becerril coincidió en la gravedad de ese atentado y dijo que no sólo constituye un agravio contra los michoacanos sino contra todo el Estado mexicano.

Elsa Conde, de Alternativa, también comentó el caso Michoacán y las amenazas previas al gobierno del estado y la información que presuntamente tuvieron las autoridades de manera previa al atentado.

mvg