Al menos dos mil policías federales en activo en realidad son delincuentes, pero están en las corporaciones policiacas federales porque así lo ordenaron los jueces, reveló anoche el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“Tenemos policías o más bien delincuentes infiltrados en las policías con un arma, con una credencial, con un sueldo inclusive, trabajando para la parte criminal (…) tenemos policías que se resisten a la evaluación o a tener nuevos sistemas, justo porque hay un subsidio de la parte criminal”, precisó el funcionario.

García Luna y Eduardo Medina Mora, procurador general de la República (PGR), se comprometieron anoche ante el Senado a trabajar por erradicar a esos elementos que constituyen un cáncer para el sistema de justicia nacional y llevarlos a la cárcel.

Después de jurar no mentir al Poder Legislativo, ambos funcionarios aseguraron que no han pactado ni pactarán con ningún grupo de narcotraficantes y descartaron renunciar a sus cargos, como efecto del aumento de la actividad delictiva de secuestradores y narcotraficantes.

También aclararon que al término de los 100 días de plazo fijado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Legalidad, el país no debe esperar “un cambio sustancial en el estado de las cosas; lo que vamos a ver es si las instituciones públicas del Ejecutivo federal, las entidades federativas, los otros Poderes, han o no puesto en marcha los procesos que van a llevar a cumplir estos objetivos”, precisó Medina Mora.

Ambos funcionarios federales comparecieron ante comisiones del Senado de la República como parte del Informe de Gobierno, con un nuevo formato donde no hubo discursos de presentación, sino preguntas directas de los legisladores, salvo los senadores del PRI, quienes primero dijeron que esperarían hasta el final de la comparecencia para hacer sus preguntas, porque no les gustó el formato y después se retiraron cuando no les dieron la palabra.

Fue precisamente al contestar a la única pregunta del PRI, formulada por Pedro Joaquín Coldwell, que García Luna reveló el nivel de corrupción en los cuerpos policiacos.

“Hoy todavía tenemos un problema serio, porque tenemos por ahí de dos mil policías que ganaron un juicio de amparo, que tenían evidencia formal de algún vínculo, alguna referencia de orden delictivo (…) hay delincuentes en la policía formales, con una plaza, con una posición donde efectivamente, en la óptica de corrupción han participado estos criminales.

“Sí hay corrupción y sí hay un tema que hemos estado combatiendo a nivel de policías que todavía tenemos en la corporación que hemos ido delegando esos procesos.

“(…) Los casos últimos que tenemos de las policías federales, en particular de AFI, donde ha habido datos de corrupción, casi todos son policías que habían sido destituidos, que ganaron el amparo, que fueron desertados y a los pocos días delinquían e iban a la cárcel”, explicó.

Se congratuló que el Congreso hayan reformado la Constitución para que las corporaciones policiacas no estén obligadas a reinstalar a un policía que hayan sido destituido por su relación con los delincuentes.

Eduardo Medina Mora aclaró a los senadores que no sería posible atender la tarea de despliegue y contención de las áreas geográficas de impunidad con que se expresan los delincuentes, sin el despliegue del instituto armado del Ejército y la Armada de México, las cuales han hecho un trabajo excepcional, extraordinario, basados en las atribuciones que les da tanto su Ley Orgánica como la responsabilidad que tienen con la seguridad interior como auxiliares de la autoridad civil en materia de seguridad pública.

“El proyecto político no es de militarización, está muy claro en la reforma constitucional que ustedes aprobaron, que señala que las autoridades de seguridad pública deben ser civiles; eso no obsta para que las instituciones militares puedan prestar un apoyo, en este momento indispensable en la tarea pública y sobre esta base me parece que es fundamental.

“Un problema que tenemos es cómo potenciamos el poder coercitivo del Estado a nivel federal, estatal y municipal; ciertamente l Estado mexicano requiere de un poder coercitivo más eficaz, más grande para enfrentar con éxito y llevar un problema que hoy de seguridad nacional al terreno de la seguridad pública”, destacó.

El caso de los ejecutados encontrados en un paraje del Estado de México fue el único de las investigaciones federales abiertas a las que el titular de la PGR hizo referencia específica, a petición del senador perredista Ricardo Monreal.

“Tenemos identificados a 19, de 24; 17 de los cuales tuvieron en algún momento el oficio de albañil hemos verificado que tuvieron actividad como tales unos hasta el mes de marzo y otros hasta el mes de mayo del año en curso, no las últimas semanas.

“Es posible, y esa es una de las líneas de investigación, que hubiesen sido reclutados como tiradores, es decir, como distribuidores de droga al menudeo por alguno de os grupos delincuenciales que operan en esta zona, la zona de Huixquilucan, en el Estado de México.

“La investigación desde luego continúa, pero sin duda apunta hacia la disputa entre grupos de delincuencia organizada que tienen operaciones en esta zona y que se disputan este territorio en concreto”, informó.

El procurador también anunció que en breve el Ejecutivo enviará al Poder Legislativo la propuesta de Ley contra el Lavado de Dinero, no sólo para poner mayor control a los bancos y casas de bolsa, sino para regular las transacciones en la compra venta de casas, bienes raíces y automóviles.

Informó que en el primer semestre del 2007 se iniciaron 80 averiguaciones previas por lavado de dinero; en 2008 van 128; es decir, hubo un incremento del 60 por ciento.

El año pasado se giraron 95 órdenes de aprehensión por este delito; en este suman 99; hasta el momento sólo tienen tres sentenciados.