QUERÉTARO.- Las dos terceras partes de los 18 municipios del estado aprobaron las reformas a la Constitución local donde, entre otras modificaciones, se procede a la fusión de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La mayoría de los municipios que dieron su aval al proyecto impulsado por el Ejecutivo estatal son gobernados por alcaldes panistas, aunque se sumó uno de Convergencia, dos priistas y uno del PRD.

Con la suma de 13 ayuntamientos que aprobaron dichas modificaciones, operadas desde el Legislativo, a través del coordinador parlamentario del PAN, Éric Salas, la entidad es la única del país que no contará con un organismo de transparencia autónomo.

El último municipio en aceptar fue Ezequiel Montes, que se suma a los panistas de Querétaro, San Juan del Río, Landa de Matamoros, Jalpan, Pinal de Amoles, El Marqués, Colón, Pedro Escobedo, y Huimilpan.

Por el PRI se emitieron los votos de Peñamiller y Cadereyta, mientras que en el caso del PRD aprobó el cabildo de Tequisquiapan, y de Convergencia fue Tolimán.

La diputada perredista local, Consolación González Loyola, la única que votó en contra del dictamen, indicó que tiene conocimiento, por algunos regidores de su partido, que fueron convocados a sesiones extraordinarias de cabildo para aprobar la citada reforma.

El próximo 31 de marzo se realizará una ceremonia oficial en el Teatro de la República donde se notificará a los representantes de los tres poderes del Estado de la aprobación de la reforma.

Una vez que se publique, entrarán en vigor 30 días después, aunque no especifica un plazo a los diputados, municipios y diversos organismos para que puedan hacer modificaciones a reglamentos y leyes secundarias.

El presidente municipal de Querétaro, Manuel González Valle, manifestó la víspera que para la aprobación de dicho acuerdo se trabajó con tiempo de antelación por parte del Congreso local y afirmó que es un documento que lleva el aval de todos los partidos.

La Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) anunció que interpondrá una controversia constitucional, con la finalidad de echar atrás esta medida considerada como un retroceso.

Entrevistado por Excélsior, el diputado promovente de esta reforma constitucional, Marco Antonio León Hernández, dijo no temer a una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque así se establecería la legalidad o no de la misma.

“Es bueno y saludable incluso lo vería con buenos ojos si se interpone una acción de inconstitucionalidad, porque podría decirnos que nos equivocamos los legisladores.

“No somos infalibles y que tendríamos que corregir, y créeme que lo haríamos de manera racional y con muchas ganas, pero también está la otra posibilidad de ratificar al Congreso Permanente y eso va a fortalecer al Poder Legislativo, está bien, sería visto, no tengo ningún temor”, aseveró.

El presidente de la CEIG, Miguel Servín del Bosque, dijo que los artículos sexto y 102 apartado B de la Constitución federal y 33 de la Carta Magna local son los que se analizan con detenimiento por parte de todos los especialistas quienes de entrada analizan la posible incompatibilidad de tener en una sola comisión las funciones de acceso a la información y las de la defensa de los derechos humanos.

“Nosotros los tomanos como malos ratos y malos pronunciamientos lo ocurrido en el pleno. Queda claro que lo que tenemos que hacer es cumplir con el mandato que se nos dio, vamos a irnos directamente al estudio jurídico y presentar el recurso”, señaló.

El Institutro Federal de Acceso a la Información (IFAI) manifestó su desacuerdo y calificó la reforma como anticonstitucional.