La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal contra los tres hombres detenidos y señalados como los presuntos responsables del ataque en Morelia, Michoacán, durante las fiestas patrias.

El agente del Ministerio Público de la Federación encontró pruebas de su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, terrorismo, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, posesión de granadas y lesiones calificadas.

Ésta es la primera ocasión, desde hace 15 años, cuando se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en nuestro país, que se consigna a presuntos narcotraficantes por el delito de terrorismo.

Se trata de Julio César Mondragón Mendoza, alias César o Tierra Caliente; Juan Carlos Castro Galeana, conocido como El Grande; y Alfredo Rosas Elicea, El Socio.

En documentos integrados a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008, los tres acusados aseguran que fueron secuestrados y torturados para que confesaran su participación en el atentado registrado el 15 de septiembre pasado.

El titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), Ricardo Cabrera, informó que se ofrecieron como pruebas acusatorias 26 dictámenes periciales en diversas especialidades.

Los documentos del pliego de consignación, agregó, también incluyen seis declaraciones ministeriales entre víctimas, testigos, así como la primera declaración que rindieron los acusados y que fue difundida por la PGR.

Esta última prueba ha sido rechazada por los presuntos responsables del atentado, ya que aseguran fueron secuestrados y torturados durante varios días, lo que los obligó, dicen, a reconocer su participación en el hecho violento.

El agente del Ministerio Público de la Federación también presentó, como una prueba fundamental la denuncia realizada por un presunto narcotraficante y que fue recibida por la UEITA el pasado 24 de septiembre.

También se integraron varias imágenes que se obtuvieron a través del sistema de vigilancia electrónica de seguridad C-4, donde supuestamente se ubica a los acusados; por la falta de certeza de esta prueba, será el juez que conozca del caso quien determine la veracidad de ésta.

Por lo pronto, se cumplimentó una orden de aprehensión contra los tres acusados y fueron puestos a disposición de un juez federal en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde se definirá su situación jurídica.