WASHINGTON.- México recibiría fondos del Plan Mérida sólo si el gobierno estadounidense estima que el mexicano inició reformas legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean ajenas a violaciones humanitarias o corrupción.

Los condicionamientos, incluidos en la versión de la Iniciativa Mérida aprobada por el Comité de Gastos del Senado, obligan también al gobierno estadounidense a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el ejército mexicanos.

"Ninguno de los fondos disponibles bajo esta sección deben darse hasta que la secretaria de Estado (Condoleezza Rice) determine y reporteà que existen los procedimientos de escrutinio para asegurar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o corrupción", señala el proyecto de ley.

El Comité aprobó el pasado viernes el proyecto con una asignación de 350 millones de dólares, 100 millones de dólares para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y decidió agregar cinco millones para Haití y otros cinco millones para República Dominicana.

La suma, que se redujo respecto a los 500 millones de dólares solicitados por el presidente George W. Bush para México, pero se incrementó en cuanto a los 50 millones pedidos originalmente para Centroamérica, aún debe ser aprobada por el Senado en pleno.

El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday, señaló que el gobierno mexicano seguirá 'trabajando con el gobierno de Estados Unidos para alcanzar un paquete balanceado que responda a los intereses de México'.

En el caso de la ayuda a México, 25 por ciento de los fondos asignados por el Comité de Gastos del Senado están condicionados a que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, entregue al Congreso un reporte donde avale el inicio de una serie de reformas legales y judiciales en México.

Estados Unidos considera que México debe reforzar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos humanos, y establecer comisiones de quejas policiales para recibir alegatos y conducir investigaciones.

Además, estima la necesidad de crear un mecanismo independiente con participación de la sociedad civil para monitorear los programas para combatir el tráfico de drogas, según el proyecto de ley.

El proyecto de ley del Comité de Gastos del Senado requiere no sólo aprobación por el pleno, sino conciliarse con la versión de la Cámara de Representantes, que es distinta pues allí se aprobaron 400 millones de dólares para México.

De ser aprobada con su actual redacción en el Senado, se deberá instalar una 'conferencia de conciliación' entre ambas cámaras para unificar versiones y someterse a un nuevo voto.

La Casa Blanca tiene la prerrogativa de promulgarlo o vetarlo.

jrr