BGC, Ulises Beltrán y Asociados

La mayoría de la población reprueba que el Congreso haya decidido no debatir la conveniencia de aplicar la pena de muerte a los peores delincuentes, propuesta bastante popular en el clima de inseguridad que vive el país.

Sólo la posibilidad de cometer una injusticia al condenar a muerte a algún inocente provoca que se reconsidere la conveniencia de la proposición, según se observa en la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior de los pasados 11 y 12 de diciembre.

La reciente negativa de los legisladores a debatir la reimplantación de la pena de muerte causa desaprobación de la opinión pública.

A la mayoría de encuestados (56%) le parece mal que se haya decidido evitar esa discusión, aun bajo el argumento de que esta medida no ha servido para disminuir la delincuencia (Tabla 5).

Tampoco convence a la población que se evada discutir la reimplantación de la pena de muerte debido al hecho de que México haya firmado convenios internacionales que buscan abolir este castigo.

Para 59%, México debe respetar la opinión mayoritaria de sus habitantes y aplicar la pena capital, aun cuando haya riesgo de incumplir con los tratados (Tabla 3).

Con respecto a este asunto, continúa el amplio respaldo popular a la aplicación de la pena de muerte para castigar a quienes cometen los crímenes más graves.

Se aprueba que delitos como el secuestro, el abuso a menores, la violación o los asesinatos reciban esta condena (más de 60% así se expresa/Tabla 4).

Algo más de la mitad de la población con teléfono en su vivienda (53%) no se detiene en consideraciones de derechos humanos y ve en la pena capital la única manera de detener el avance del crimen organizado (Tabla 1).

La opinión pública sabe que la pena de muerte no existe en México (87%). Por lo mismo, dado el clima de inseguridad, una clara mayoría cree que amerita que se evalúe la conveniencia de reintroducir este castigo (73%).

La mayoría conoce de propuestas para implantar la pena capital (enterados, 78%), cuya autoría tiende a ubicarse en el Partido Verde o en el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

Pese al amplio acuerdo social por la necesidad de una pena máxima, como quitar la vida a delincuentes a fin de atajar al crimen organizado, las deficiencias en la aplicación de la justicia en México constituyen el motivo principal que puede revertir el apoyo popular a tal medida.

La posibilidad de que se condene a muerte a personas inocentes provoca en que deje de predominar el apoyo a esta medida y domine el rechazo (55%/Tabla 2).