El gobierno federal debe explicar las condiciones para entablar un diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), ya que la falta de precisión podría bloquear la solución el conflicto generado por la desaparición de dos integrantes de este grupo: Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez.

Así lo acordaron los integrantes de la comisión de intermediación, propuesta por el EPR, luego de una reunión de más de tres horas que sostuvieron en las instalaciones de la organización no gubernamental Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

En una misiva firmada por el arzobispo emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el periodista y abogado Miguel Ángel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas, la senadora Rosario Ibarra y miembros del Frente Nacional contra la Represión (FNCR), se señala:

“Solicitamos al gobierno federal abundar sobre los siguientes temas.

“—Precisar en qué medida los condicionamientos que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso de diálogo propuesto.

“—La figura de ‘testigo social’ resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.

El pasado 29 de abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) aceptó entablar un diálogo con integrantes del EPR —a través de la comisión de intermediación— con la convicción de subsanar cualquier diferencia o conflicto.

El titular de la política interior de México, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno mexicano “ha dado pruebas constantes de su voluntad de diálogo con todos los actores políticos y sociales de nuestro país, con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para el desarrollo económico, político y social”.

El funcionario federal afirmó, en su intervención, que el gobierno mexicano rechaza “categóricamente” toda forma de violencia y reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y el respecto pleno al Estado de derecho.

Juan Camilo Mouriño dijo que los miembros de la comisión fungirían, en todo caso, como “testigos sociales” y no como mediadores, ya que el gobierno desea un diálogo directo.

Sin embargo, los integrantes de la comisión consideraron que existen condiciones que deben detallarse para no tener equivocaciones en la interlocución con el EPR en la búsqueda de sus integrantes.

“Ratificamos la gran importancia que atribuimos, en las difíciles condiciones que vive el país, a toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzadas”, expresaron en la misiva.

La desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez ocurrió el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca, entre las 20:00 y 22:00 horas.

Estas desapariciones motivaron al EPR a atacar a Pemex en Querétaro, Guanajuato y Veracruz; además de declarar una campaña permanente de hostigamiento contra el gobierno federal.