Petróleos Mexicanos no sólo no dejará de pertenecer a los ciudadanos, sino que ahora cualquier persona podrá beneficiarse directamente de su éxito como empresa, porque con 100 pesos adquirirá el Bono Ciudadano que lo hace copartícipe de sus ganancias económicas, aunque no lo convierta en accionista, establece la iniciativa de reforma a Pemex enviada ayer por el presidente Felipe Calderón al Senado.

El sector empresarial nacional o extranjero no podrá ser accionista de la principal empresa mexicana, aunque los ciudadanos nacionales podrán adquirir el bono que les hará compartir las ganancias de la petrolera, ya sea de manera directa o a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), fondos de pensiones y sociedades de inversión o intermediarios financieros.

Así lo plantea el proyecto del gobierno federal, según el cual se permitirá a la empresa paraestatal contratar directamente a particulares para refinar gasolinas, transportar combustible, construir ductos en el modelo de maquila y colaborar en la exploración y explotación de pozos en aguas someras, tierra y aguas profundas.

La participación del sector privado, empero, sólo se pagará con dinero en efectivo; es decir, no se podrá compartir la renta petrolera, las reservas de crudo ni las ganancias por la venta de combustibles procesados; además, faculta a la Secretaría de Energía a promover la participación de los particulares.

El 27 de marzo, Excélsior adelantó que los senadores panistas y el gobierno federal trabajaban en la construcción de un mecanismo que permitiera a los mexicanos sentirse más propietarios de Pemex y no dejar esa pertenencia en el ámbito abstracto.

Los Bonos Ciudadanos fue la fórmula encontrada por el gobierno federal y los senadores.

Como también lo adelantó este diario, la reforma de Pemex está integrada por cambios a cuatro leyes y la creación de una más. Se trata de modificaciones a las leyes Orgánica de Petróleos Mexicanos, Orgánica de la Administración Pública Federal; la Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero y de la Comisión Reguladora de Energía.

La nueva Ley es para crear la Comisión del Petróleo.

Los Bonos Ciudadanos son parte de la propuesta de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en los artículos 41 y 42, donde se establece que se trata de “títulos de crédito emitidos por el propio organismo (Pemex) que otorgarán a sus tenedores una contraprestación vinculada con el desempeño del mismo.

“Las contraprestaciones que se consignen en los bonos ciudadanos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos corporativos, ni dominio sobre la propiedad, control o patrimonio de Petróleos Mexicanos, o bien sobre el dominio y la explotación de la industria petrolera.”

La Secretaría de Hacienda emitirá las reglas para la venta del Bono Ciudadano, en las cuales deberá incluir “medidas necesarias para evitar la concentración en la tenencia de los títulos o su acaparamiento, y que procuren el acceso al mayor número de mexicanos”.

Adquirir un bono ciudadano dará derecho a contar con información oportuna sobre la veracidad, suficiencia y racionalidad de la documentación presentada ante el Consejo de Administración o procesada por el mismo, así como de las políticas y resultados de Petróleos Mexicanos.

La iniciativa de reforma del presidente Felipe Calderón confirma lo adelantado por Excélsior: el sector privado no tendrá derecho a quedarse con una sola gota de petróleo o gasolina, ni podrá poseer parte de las reservas o comprar acciones de Pemex, pues su actividad sólo será de maquila.

Oficializa la posibilidad de que empresarios extranjeros instalen refinerías en el país para generar empleos, pero para realizar la maquila de la refinación del crudo para convertirlo en gasolina, porque las tareas de refinación son exclusivas del Estado Mexicano.

Así lo establece la propuesta de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que en el artículo sexto hace explícito que en la celebración de cualquier contrato, Pemex debe mantener en todo momento el control sobre las actividades de exploración y desarrollo de los recursos petroleros.

Además, que las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, en ningún caso concederá la propiedad sobre hidrocarburos.

El artículo cuarto deja claro que Pemex, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad de hidrocarburos al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechados que resulten de los procesos realizados.

“La personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.”

El artículo sexto ordena que el pago al sector privado siempre será “en efectivo y, en ningún caso concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación de los resultados de la explotaciones”.

Esta Ley incluye requisitos más estrictos para el sector privado que trabaje con Pemex y aplica multas que llegan al millón 500 mil días de salario mínimo a quien viole las reglas, como no vender litros de a litro de combustible o registrar derrame de hidrocarburos; hay un catálogo de 27 razones por las cuales se puede aplicar la sanción, que no cancela el procedimiento penal, en caso de que amerite estas acciones.

La iniciativa incluye la creación de la Ley de la Comisión del Petróleo, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (Sener), con autonomía técnica y operativa, el cual apoyará a la Secretaría de Energía en sus tareas de planeación estratégica del sector, en materia de regulación y supervisión de las actividades de exploración y producción, a fin de garantizar la utilización de la tecnología más adecuada para optimizar estas actividades.

Estará integrado por cinco comisionados, nombrados por el Presidente, quienes deliberarán de forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos.

Ejercerán su encargo por un periodo de cinco años de manera escalonada y prorrogable por única ocasión; deberán cubrir los requisitos de profesionalismo, capacidad, experiencia e integridad.

La Comisión será un apoyo técnico y operativo de la Sener, mediante el cual se dictamina, evalúa y verifica las operaciones relativas a la exploración, explotación de hidrocarburos, la cuantificación de sus reservas y el cumplimiento de las disposiciones técnicas aplicables a estas actividades, a fin de obtener el éxito exploratorio y la recuperación de hidrocarburos.

Este órgano, desde la perspectiva oficial, permitirá una “adecuada ejecución de los proyectos de inversión en servicios y obras que realiza Petróleos Mexicanos, por medio de la evaluación de los mismos y del otorgamiento o revocación de los permisos para la ejecución, funcionamiento o desmantelamiento de obras”.

Proporcionará los elementos técnicos en materia de exploración y explotación, así como de identificación de patrones de la industria, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, elemento indispensable para una correcta toma de decisiones por parte de la dependencia que ejerce la rectoría del sector, argumenta el Ejecutivo.

La iniciativa de reforma propone ciudadanizar el Consejo de Administración de Pemex, al nombrar a cuatro consejeros profesionales que se conducirán con “absoluta autonomía e independencia en la toma de sus determinaciones”, como sucede en los órganos de gestión autónoma de la administración pública.

Será el Presidente quien designe a los consejeros, dos de ellos serán de tiempo completo y representarán al Estado, por lo cual no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión.