Las senadoras del PRD cabildean con sus compañeros de otras fuerzas políticas para lograr un cambio a la Constitución, a fin de permitir que las amas de casa obtengan los beneficios de la seguridad social, incluida la jubilación.

La propuesta de las perredistas fue presentada el miércoles ante el pleno de la Comisión Permanente y ahora las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos la habrá de analizar.

Las senadoras admiten que esta propuesta implica un gasto millonario para el Estado, pero aseguran que eso no es pretexto para mantener a las amas de casa fuera de la seguridad social.

“Cuando se plantean temas como éste que implica necesariamente recursos presupuestales, el principal cuestionamiento es la sustentabilidad de la propuesta ya que llevarla a cabo significaría incrementar el número de beneficiarias o beneficiarios lo cual haría inviable el sistema de seguridad social en el futuro próximo.

“Si bien esta preocupación resulta válida, no es razón suficiente para negarles a las amas de casa derechos a la seguridad social. Ya es tiempo que en México desvinculemos los derechos sociales del padrón de empleo tradicional, particularmente debemos desvincular el derecho a la jubilación del empleo formal.

“Es cierto que se requiere de estudios actuariales para conocer a detalle el costobeneficio para la implementación de esta propuesta; sin embargo, las medidas de esta naturaleza que se están llevando a cabo en América Latina demuestran que la propuesta es totalmente factible”, argumentan las legisladoras federales.

También explican que “las amas de casa trabajan en labores sacrificadas y no reconocidas 12 horas y más diariamente, tienen a su cargo el cuidado y la formación de los futuros ciudadanos, soportando incomprensiones, maltratos y, lo que es peor, el desconocimiento de la labor que desempeñan, misma que tiene un valor social y no privado, ya que genera riqueza y bienestar para toda la sociedad y no sólo para su familia”.

Añaden que la propuesta concreta consiste en hacer ese reconocimiento en la Constitución Política en función de que un marco constitucional explícito favorecería la adopción de políticas y programas dirigidos a ese sector de la sociedad.