Los partidos políticos manifestaron su disposición de promover la observación electoral en los distritos con mayor exposición al dinero ilícito o en zonas de riesgo bajo la protección del Ejército mexicano.

El planteamiento es parte del "Acuerdo por la legalidad y contra la injerencia del dinero ilícito en el proceso electoral 2008-2009" en el que trabajan con el IFE, para que "bajo ninguna modalidad y en ninguna de sus etapas" el dinero del narcotráfico penetre en las campañas.

En el texto de seis puntos y 12 numerales, plantean también el establecimiento de mecanismos de coordinación con otras instancias del Estado, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De igual manera, con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Proponen elaborar con el IFE un reglamento de precampañas con las medidas legales y constitucionales de que dispone la autoridad electoral, a fin de vigilar, transparentar y fiscalizar los procesos de selección de candidatos a los cargos de representación popular.

Los institutos políticos se comprometen a que precandidatos y candidatos presenten y hagan pública la declaración de posibles conflictos de intereses y la información financiera de las precampañas.

Un punto central es la creación y puesta en marcha de órganos especiales en los partidos, para vigilar las precampañas y la selección de candidatos, así como de una línea de denuncias ciudadanas para conocer de presuntas injerencias ilícitas.

El borrador prevé que se entregue al IFE la relación de proveedores que apoyan las operaciones de campaña, y se usen preferentemente mecanismos bancarios en la adquisición de bienes y servicios, a fin de estar en condiciones de detectar dinero ilícito.

Sugiere además que se atiendan de manera expedita y oportuna los requerimientos de información que haga la autoridad electoral a los partidos en materia de quejas.

Los partidos políticos reconocen que el Instituto Federal Electoral (IFE) cuenta con los recursos técnicos, legales y humanos para vigilar que la contienda se lleve a cabo de sin injerencias ilícitas y de manera civilizada, legal y pacífica.

Subrayan que la participación de los mexicanos, los partidos, la autoridad electoral y la vigilancia ciudadana son más fuertes que las redes de la delincuencia, lo que garantiza que la democracia mexicana no se contamine con dicho flagelo.

"Con este acuerdo, los partidos políticos nacionales hemos querido reiterar nuestro compromiso de la legalidad con la sociedad mexicana", concluye el borrador, cuyo texto final sería firmado en breve por el IFE y los partidos.

En ninguno de los puntos se destaca la posible intervención del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la revisión de datos de los candidatos a puestos de elección popular, como en su momento propuso el Partido Socialdemócrata (PSD).

mvg