Un gobierno fuerte debe ayudar sin condiciones a uno necesitado, consideraron los consultados
B G C , U l i s e s B e l t r á n y A s o c i a d o s
Ambivalentes son las posturas de los mexicanos ante las condiciones que pretenden imponer los senadores de Estados Unidos a la ayuda de la Iniciativa Mérida. La necesidad de revisar el respeto a los derechos humanos en operativos, como exigencia, para otorgar los recursos para la lucha contra el narco, no es mal vista. Sin embargo, cuando se dice que EU quiere imponer requisitos a México y que por eso el gobierno de Calderón los rechaza, la población es reacia a aceptar un apoyo condicionado. Así se advierte en la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior, levantada entre el 5 y 6 de junio.
Para los mexicanos, un país fuerte debe ayudar a uno necesitado, sin ponerle condiciones sobre cómo gastar los recursos (61%); no obstante, si no hay de otra y esa ayuda está condicionada, en casos de países con problemas de pobreza e inseguridad, más de la mitad se inclina porque se acepten esos apoyos, aunque se tengan que cumplir los términos impuestos y haya que rendir cuentas (56%). Al plantearse la imposición de exigencias para la lucha contra el narco en México, la posición es algo más controvertida. Si bien la mitad cree que se debe recibir la asistencia condicionada de países fuertes (sin mencionar explícitamente a Estados Unidos), un 40% se opone, aunque la consecuencia sea la persistencia del problema, como dice la tabla 6. En el caso mexicano, aunque a la baja, se sigue aprobando que se acepten los 350 millones de dólares del Plan Mérida (60%, 8 puntos menos que en octubre pasado, señala la tabla 2).
Para la población, Estados Unidos debe pagar una parte de la lucha contra el narco (63%). El polémico caso de las condiciones que quiere imponer el Senado norteamericano genera posiciones ambivalentes entre la opinión pública, dependiendo de si saben o no de la postura “soberanista” de rechazo del gobierno mexicano. Sin mencionar la oposición de la administración de Calderón, la población no ve mal varios de los potenciales requisitos más importantes. En mayor o menor medida, la mayoría está de acuerdo con que se evalúe al Ejército y a la policía en derechos humanos en sus operativos (83%, señala la tabla 1), con que Washington dé recursos a organizaciones civiles para revisar que se respeten (57% -tabla 1-) y con que el gobierno mexicano rinda cuentas del dinero que otorgue EU (67%, tabla 1). Donde las opiniones se dividen es en fijar un mínimo de detenciones (tabla 1). La opinión pública tiende a reconocer que hay violaciones a los derechos humanos donde se realizan operativos de seguridad (sí ha habido, 47%, tabla 4).
Cuando se le menciona a la población que el gobierno afirma que México rechaza la ayuda si Estados Unidos le pone exigencias, entonces la postura de un sector cambia, pues ahora son más quienes se oponen. 52% (tabla 3) cree que no aceptarla es adecuado, contra 41% (tabla 3) que piensa que el país debería permitir que nos vigilen y demos cuentas. Ahora bien, además de la ambivalencia, la intención del Senado estadunidense de imponer condiciones a México tampoco enciende el nacionalismo de la población porque pocos saben de esa controversia. Sólo un cuarto sabe de esa discusión. Como muestra de esta desinformación, no existe una opinión dominante sobre cuál ha sido la respuesta del gobierno de Calderón a la posibilidad de que la ayuda sea condicionada. 38% (tabla 5) cree que está rechazando los requisitos, 28% piensa que los está aceptando totalmente o en parte y 34% no sabe, refleja también la tabla 5.
