ACAPULCO, Gro.- La Policía Investigadora Ministerial (PIM) empezó las investigaciones desde el momento de la primera agresión que sufrieron integrantes de la Unión Ganadera Regional de Guerrero (Ugreg) en Iguala, afirmó ayer el director de esa corporación, Érit Montúfar Mendoza, cuando se le preguntó en relación a que la Procuraduría General de la República (PGR) no atraerá el caso, a pesar de que en las agresiones del fin de semana pasado se usaron armas de uso exclusivo del Ejército.

Petatlán, municipio de la Costa Grande y lugar de un segundo ataque, se encuentra vigilada por agentes de la PIM, de la Preventiva del Estado, la municipal, la Policía Federal Preventiva, división caminos, independientemente de que el Ejército ha reforzado su presencia en la zona, informó el funcionario.

Montúfar Mendoza, quien a pesar de que se negó a dar a conocer los avances de las indagatorias en este caso, reconoció que el asunto es complicado y no descartaba ninguna línea de investigación cuando se le inquirió si se investiga el narcotráfico en estas agresiones.

El pasado viernes a las 23:30 horas, integrantes de la Unión Ganadera Regional de Guerrero (Ugreg) sufrieron un ataque armado en Iguala, en el que murieron siete personas.

Se presume que la agresión iba dirigida contra Rogaciano Alba Álvarez, líder de esa agrupación, pues casi 24 horas después, hubo otra balacera en su finca de Petatlán, donde murieron dos de sus hijos, un sobrino y siete personas más.

En esa acción se presume que los gatilleros, supuestamente con vestimenta similar a la de la Agencia Federal de Investigación (AFI), lograron secuestrar a su hija Ana Karen Alba Cruz, de 16 años.

Respecto de la versión de que ocurrió un enfrentamiento en el municipio de San Luis La Loma, poblado localizado entre Petatlán y Tecpan de Galeana, entre gente de Alba Álvarez y los presuntos plagiarios de su hija, Montúfar Mendoza dijo que precisamente agentes buscaban esa información.

De estas agresiones que dejaron como saldo un total de 17 víctimas, el secretario general Armado Chavarría Barrera, declaró la tarde del domingo, a su llegada al tercer informe regional del gobernador Zeferino Torreblanca en la unidad deportiva Emiliano Zapata, en Acapulco, que se trata de una acción del crimen organizado; en tanto, el procurador Eduardo Murueta Urrutia minimizó los hechos y asumió que se trata “de simples homicidios que causan gran expectación porque no se habían tenido desde hace varios meses”.

Por su parte, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, calificó que ambos ataques no son hechos aislados, ni mucho menos por casualidad; sostuvo que es un caso muy focalizado e incluso “planeado”.

“Perpretada con condiciones previamente establecidas”, subrayó el mandatario, quien consideró esas muertes merecen una investigación muy profunda de parte de su gobierno, porque “nos irrita y nos molesta que se sigan dando estos hechos y porque finalmente nos pone en condiciones vulnerables”, insistió.

Dijo que esperará a que se hagan todas las investigaciones sobre esos asesinatos y se analizará si se pide o no la intervención del gobierno de la República.

Reconoció que es evidente que por el tipo de armas que se utilizaron en los crímenes podría actuar el gobierno federal.

En tanto, funcionarios estatales de la Procuraduría General de la República (PGR) detallaron en su informe, sobre el caso, que su participación se ha limitado exclusivamente a tomar y recabar información sobre los hechos.

La delegación estatal de la Federación ha referido que las diez personas que fueron asesinadas a las afueras de la casa del líder ganadero —entre ellos dos hijos del priista— fueron atacados por un grupo de personas que se trasladaban en ocho camionetas de lujo, desde las cuales realizaron los disparos.

“Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, tomando conocimiento la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Instancia en la que se inició la averiguación previa AZUE/SC/04/0216/2008”, detalló el personal de la PGR en esa entidad, en el informe que ha integrado sobre el asesinato de 17 personas.

En el documento se precisa que el personal adscrito a la Federación “no ha iniciado averiguación previa alguna por ninguno de los hechos”, debido a que las autoridades ministeriales de Guerrero no han remitido el expediente por alguna conducta tipificada el Código Penal Federal; en primera instancia, se explica, sólo se investigan conductas por homicidio de competencia del fuero común.