Los narcotraficantes se están metiendo en conflictos agrarios para aprovechar las tierras en litigio. Un informe de la Secretaría de la Reforma Agraria reporta que al menos en 250 conflictos hay narcotraficantes involucrados que obstaculizan la resolución de los litigios para aprovechar las tierras y sembrar cultivos ilícitos.

Un conflicto en donde se ha notado la presencia de narcotraficantes es en Ocoapa contra Tlacoapa, en Guerrero, un litigio que lleva 120 años. Ahí están en disputa 453 hectáreas por problemas de límites y los narcotraficantes suelen obstaculizar los acuerdos para controlar las tierras y sembrar amapola.

Otra región que presenta intervención de narcos es en San Pedro Huitzapula contra San Juan Bautista Coapala, en donde están en disputa 2 mil 547 hectáreas desde hace 50 años.

Ahí llegan los narcotraficantes y no dejan firmar los acuerdos entre campesinos para llegar a la solución de los problemas, según la información de la Reforma Agraria. En este conflicto ha habido más de 100 muertos en toda su historia —cada temporada de siembra hay uno o dos asesinatos—, aunque este año la Secretaría de la Reforma Agraria ha conseguido la firma de un acuerdo que podría terminar con el conflicto al pagar 18 millones de pesos a los ejidatarios (10 millones a Coapala y 8 millones a Huitzapula).

En el país hay más de mil conflictos agrarios que datan desde principios del siglo pasado. Esos conflictos podrían llegar a una solución, si se quitara la participación del narcotráfico, según dice un funcionario de la Reforma Agraria. En 90 por ciento de los conflictos, los ejidatarios desean llegar a un arreglo benéfico para ambas partes, pero los narcos no lo permiten.

La Secretaría de la Reforma Agraria ha llegado a la conclusión de que los traficantes no quieren que se llegue a la solución de los conflictos porque eso los dejaría sin tierras para sembrar droga.

Las principales disputas agrarias que son afectados por el narcotráfico están en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Sinaloa (sobretodo en la frontera con Sonora).

En Oaxaca hay conflictos en la región de Chimalapas, donde están involucradas 60 mil hectáreas en 28 poblaciones, y en algunas zonas hay intervención de narcos. En este estado también está el conflicto de Santiago Xochiltepec y San Pedro Alto, que ha tenido la complicación de los campesinos dedicados al narco.

En Chiapas hay problemas en poblaciones de Montes Azules y en la Lacandona (con más de 200 casos de litigio), y también se han detectado en algunas zonas problemas con los traficantes de drogas. En Michoacán, las autoridades tienen registrados múltiples conflictos en la Meseta Purépecha, y esta región no ha escapado a la intervención de los narcotraficantes.

Las disputas más graves de la tenencia de la tierra, identificadas como focos rojos, han sido resueltos en los últimos años, pero en varios casos se ha complicado. La Secretaría registra al menos mil conflictos de importancia, aunque en este año se han destinado 900 millones de pesos para resolver 221 problemas entre ejidatarios (la dependencia tiene detectados 511 conflictos de nivel importante).

Los principales problemas son por los límites territoriales, la entrega de la misma tierra a dos pueblos y la entrega de la tierra a campesinos que no eran sus dueños. Los conflictos se atienden de acuerdo a su antigüedad y complejidad y el impacto que tienen en la convivencia con los habitantes.

La Secretaría tiene registrados 294 pugnas que cumplen con las características para ser incorporados al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer).

En México, 52 por ciento del territorio nacional es de ejidos y comunidades (103.5 millones de hectáreas), y seis por ciento está en conflicto (tres por ciento son problemas delicados).

Las autoridades estiman que casi en la mitad de los litigios agrarios delicados hay narcotraficantes interesados en que no se resuelvan los problemas de distribución de la tierra.