Las alternativas de combate al secuestro en México que los senadores y diputados federales tienen en comisiones superan la propuesta presidencial, pues los legisladores buscan una reforma integral, mientras que el Poder Ejecutivo se queda en la petición de castigar con prisión vitalicia a los plagiarios.

Algunas de las aristas incluidas en las 33 iniciativas legislativas son: concurrencia competente para que la Federación, estados y municipios se coordinen en materia de secuestro, aumento de penas y multas, cuerpos policiales especializados, un sistema nacional de alerta sobre el secuestro infantil, restringir la comunicación de secuestradores presos, intervención telefónica, aumentar la prescripción de este delito, seguimiento ciudadano de procesos judiciales, considerarlo como crimen organizado y juzgarlo por homicidio, cuando sea el caso.

Las propuestas —arraigadas en comisiones del Senado y Cámara de Diputados desde 2002— muestran que el secuestro y su combate se convirtieron en una preocupación de legisladores en lo individual, aunque como cuerpos colegiados, las cámaras avanzaron poco.

De acuerdo con el análisis realizado por Excélsior, hasta el momento la propuesta del PRD presentada la semana pasada por el senador Tomás Torres es la más amplia desde hace seis años.

Como parte del paquete de reforma constitucional en materia de seguridad, el 9 de marzo del año pasado Felipe Calderón envió al Senado una reforma a los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal para castigar con cadena perpetua a los secuestradores que maten a su víctima, la mutilen, sea menor de edad o la saquen del país.

Ante la imposibilidad de lograr el consenso en el Senado, porque incluso los mismos legisladores del PAN consideraron que el solo aumento de las penas no inhibe el delito, el Presidente envió en agosto a la Cámara de Diputados el mismo documento.

De esta forma, aunque de manera oficial existen dos iniciativas, en realidad se trata de la misma, que sólo introduce la cárcel vitalicia y el aumento de las multas.

En el Congreso existen 33 propuestas presentadas por senadores y diputados, desde 2002, que también buscan combatir el secuestro.

La más reciente de ellas es la presentada por el PRD en el Senado, elaborada por Tomás Torres, que contiene prácticamente todas las aristas planteadas por los legisladores y especialistas en diferentes tiempos.

El 7 de marzo de 2002, por ejemplo, el entonces diputado del PRI José Elías Romero Apis presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de establecer la figura de la concurrencia competente para que participen, de manera simultánea, las autoridades locales y federales en el combate al secuestro.

Un mes después, el perredista Alfredo Hernández Raigosa planteó otorgar mayor seguridad jurídica a los niños y federalizar el secuestro.

En la actual legislatura, la Cámara de Diputados ha registrado cuatro propuestas. Una en 2006, de Silvia Olivia Fragoso, del PRD, para hacer más eficiencia el combate al secuestro; de Edmundo Javier Bolaños, de enero de 2007, para castigar con cárcel vitalicia al secuestrador que mutile o mate a sus víctimas; en febrero del año pasado, Francisco Rivera Bedoya, del PRI, planteó reformas para considerar dentro del secuestro a todas aquellas acciones realizadas mediante medios cibernéticos, electromagnéticos y de telefonía.

En el Senado, en 2005, la priista Yolanda Eugenia González propuso crear el Sistema Nacional de Alerta sobre el Secuestro de Niñas y Niños en México; Dulce María Sauri, también ese año, presentó una reforma a diversas leyes para permitir el cateo y el arraigo, así como considerar el secuestro como parte del crimen organizado.

José Elías Serrano, senador del PRI, presentó el año pasado una reforma para incrementar el plazo de prescripción de los delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, tráfico de menores y acopio y tráfico de armas.

Mario López Valdés, también del PRI, propuso colocar geolocalizadores a los celulares y castigar a los reos que utilicen este medio para realizar secuestros o chantajes.

El Partido Verde presentó una reforma para castigar con pena de muerte a los secuestradores.

Silvano Aureoles, Máximo García Zalvidea y Rubén Velásquez propusieron en el Senado una reforma para acotar el indulto y la amnistía, para que se castigue a quien preste sus propiedades para retener a secuestrados; crea el Fondo Especial para la Investigación y Atención de las Víctimas del Secuestro.

La semana pasada en la Cámara de Diputados los legisladores propusieron considerar cómplices de los secuestradores y hacerlos corresponsables de sus delitos.

En 2004, el Congreso logró cinco reformas al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y, en 2006, una a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para atacar el plagio de menores y mujeres.