Cuestiona que la empresa se haya enterado de que la CFE iba a necesitar gas natural, año y medio antes de la licitación
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador solicitará en los próximos días que la Auditoría Superior de la Federación investigue la firma de un contrato entre el gobierno del presidente de México, Felipe Calderón, y la empresa española Repsol, por concepto de la compraventa de gas natural proveniente de Perú y que, de acuerdo con el perredista, constituye una violación al erario.
Según López Obrador, el contrato de suministro de gas de Repsol y la Comisión Federal de Electricidad suscrito en septiembre del año pasado fue estimado en 15 mil millones de dólares y se pactó con base en el índice Henry Hub de Estados Unidos, considerado el más caro del mundo y que continuará incrementándose año con año.
El político tabasqueño dijo que se trató de “una operación sospechosa”, pues, de acuerdo con un análisis realizado a partir de información pública y fidedigna, el costo máximo del gas que Repsol suministrará a México es de 2.45 dólares desde Manzanillo, Colima, en tanto que se venderá al gobierno en ocho dólares.
Ello llama la atención, comentó, porque el costo que debería pagarse por esa compraventa es de seis mil 26 millones de dólares, sólo que la Comisión Federal de Electricidad aceptó pagar a Repsol, a precios actuales, 21 mil millones de dólares.
Lo cual implica que Repsol tendría una “utilidad extraordinaria de alrededor de 15 mil millones de dólares” durante el tiempo que estará vigente el contrato (15 años).
“Además del daño patrimonial que implica esta operación de dudosa legalidad, debe tomarse en cuenta que, debido a este tipo de operaciones, los consumidores mexicanos están obligados a pagar más por el servicio de energía eléctrica, en detrimento de su economía, ya que debe aclarase —puntualizó en una conferencia de prensa— que el precio elevadísimo se traslada al consumidor, en razón de que más de 35% de la energía eléctrica que se produce en México se genera con gas.”
Conjuntamente a la solicitud de investigación al órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, López Obrador indicó que el llamado gobierno legítimo va a integrar una comisión anticorrupción que dará seguimiento a esta denuncia en la que se pide, insistió, investigar a los más cercanos colaboradores de Felipe Calderón y al gobierno de Vicente Fox, pues Repsol recibió información privilegiada para obtener tal contrato.
Debido a las condiciones antes descritas, el perredista entregará a la Auditoría Superior de la Federación el expediente del contrato con Repsol, pues, dado que “se exprimió como un limón a la Comisión Federal de Electricidad, se quiere hacer lo mismo con la privatización de la industria petrolera”.
El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, sobre la licitación de Repsol declaró que el contrato con la firma española le constituye a la entidad ahorros por más de mil 500 millones de dólares.
Lo anterior tras las aseveraciones de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que “la empresa española Repsol obtuvo un contrato millonario para vender gas natural licuado a México gracias a información privilegiada de autoridades mexicanas”.
El ex candidato presidencial cuestionó que la empresa española se enterara de que la CFE iba a necesitar gas natural para una planta de regasificación en Manzanillo, un año y medio antes de la licitación.
Desde el Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico (POISE) 2005-2014, la CFE anunció que “existirá la disponibilidad de gas a precios competitivos en la zona central del país, mediante una terminal de regasificación de gas natural licuado en Manzanillo.”
López Obrador aseveró que “la empresa española fue la única que se presentó a esa licitación para el suministro de 500 millones de pies cúbicos de gas licuado durante 15 años, con una inversión de unos seis mil millones de dólares y utilidades por 15 mil millones de dólares”
Al respecto Elías Ayub aclaró que el margen que se llevó la empresa española fue de entre 10 y 5% del total de la inversión, “tomando en cuenta que el gobierno peruano también tiene una comisión”.





