Expertos penalistas de la UNAM, el CIDE, el ITAM, el Inacipe y Universidad La Salle, así como el litigante Juan Velázquez, advirtieron ayer al Senado de los peligros que implica la Ley de Extinción de Dominio propuesta por el presidente Felipe Calderón para los derechos de los mexicanos, pues advirtieron que “no respeta ni la paz de los sepulcros”.

Hicieron una diferenciación entre el planteamiento de la Presidencia y el proyecto mejorado por el panista Alejandro González Alcocer, a partir de las observaciones de PRI y PRD, pues incluye más oportunidades de proteger las garantías de los ciudadanos, pero todavía tiene varios problemas.

Así, instaron al Senado a no legislar con prisas, porque se trata de un tema muy delicado e incluso recordaron que el Ejecutivo federal ya tiene recursos legales para proceder contra la riqueza del crimen organizado, entre ellas la confiscación, la expropiación y la incautación.

María Eloísa Quintero, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), respaldó el proyecto de ley modificado por González Alcocer, por haber quitado la carga de la prueba al inculpado, sobre todo cuando se trata de un tercero involucrado, pero admitió que aún se necesita hacer algunas precisiones.

Samuel González, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pidió regular el tema de los testigos protegidos, porque “puede prestarse a un proceso de extorsión generalizado para los ciudadanos”, al no exigir pruebas, sino bastar con un testimonio protegido para que proceda la extinción de dominio.

Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que aun cuando el nuevo planteamiento no es tan radical, todavía deja en el ciudadano la carga de la prueba.

Jorge Nader, de La Salle, pidió definir correctamente el ilícito, el cual sirve de base para la extinción.

José Roldán Xopa, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) llamó la atención en que las ambigüedades del texto pueden llevar inconsistencias.

El abogado Juan Velázquez comentó que esta ley plantea que “ahora los nietos van a tener que demostrar si el abuelo compró con recursos lícitos la carabina que tiene colgada en la pared”.

Santiago Creel, senador del PAN, coincidió en que se deberá discutir el tiempo necesario hasta quitar de esta ley la ambigüedad y dejarla con planteamientos muy claros.