Prohibir el aborto es degradante, irracional e inhumano, sentenció Kate Gilmore, secretaria general adjunta de Amnistía Internacional (AI).

“Castigar a una mujer por interrumpir su embarazo viola la ciencia médica, los tratados internacionales y es un abuso”, dijo la titular del organismo.

Durante la presentación del informe La prohibición total del aborto en Nicaragua, Gilmore detalló que en este país el aborto se castiga aun cuando la salud de la madre está en peligro o en caso de abuso sexual.

Con esto, AI hizo eco de las leyes de estados como Chihuahua, Guanajuato y Baja California, que reformaron sus constituciones para castigar la interrupción del embarazo.

El gobierno nicaragüense aprobó una reforma al Código Penal que castiga con cárcel a las madres que deciden terminar su gestación, aunque sean menores de edad o la concepción sea producto de un abuso sexual. Incluso si su vida está en riesgo y necesitan atención médica.

Esta legislación condena a médicos y enfermeras que ayudan a mujeres encinta, cuya vida peligra por causas ajenas a la gestación.

“Cada una de las niñas que sufre de un aborto involuntario, se encuentran en riesgo de ser penalizadas, así como el personal que las ha atendido. Estas leyes no son razonables, las autoridades han puesto a las mujeres y niñas que sufren complicaciones en una situación imposible”, señaló la activista.

María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, lamentó que en algunos estados de este país todavía castiguen a mujeres que elijen no dar a luz a un hijo que no desean. Reconoció que hay una presión religiosa y política que impide la aprobación de leyes en favor de las madres.

“Si en México no nos aferramos al estado laico, estaremos en la misma situación que Nicaragua. Ni la religión ni la política tienen por qué meterse al consultorio”, dijo Mejía.

Según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en México muere una mujer cada tres días por abortos inseguros, lo que lo convierte en la quinta causa de muerte materna.

A pesar de este escenario, Gilmore celebró que la Ciudad de México legalizara esta práctica, por lo que consideró “simbólico” presentar en la capital el documento.

AI rechazó la prohibición del embarazo en casos de violación, porque afecta a menores de edad. Más de 50 por ciento de los casos de violación reportados, las víctimas han sido niñas en edad inferior a 18 años.