Seis jueces “de control” autorizarán en minutos las órdenes de aprehensión, de arraigoo de cateo
El Poder Judicial de la Federación tomó protesta a 19 nuevos jueces federales, entre ellos a seis denominados “de control”, quienes, por primera vez en la historia judicial de México, se encargarán única y exclusivamente de combatir al narcotráfico.
Estos nuevos jueces de control, previstos en la reciente reforma constitucional en materia de justicia penal, se encargarán de autorizar, en cuestión de minutos, órdenes de aprehensión, de cateos, de arraigos, de aseguramiento de bienes y de intervenciones de comunicaciones por internet, teléfono o fax, en casos relacionados con el crimen organizado.
En sesión solemne, ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dos de los tres órganos que integran el Poder Judicial Federal, la consejera María Teresa Herrera Tello informó que seis de los 19 jueces nombrados son de control.
Por su seguridad personal, y a fin de garantizar la confiabilidad y la invulnerabilidad del sistema, el Poder Judicial mantiene en reserva los nombres de estos seis jueces.
De acuerdo con fuentes del CJF, éstos fueron escogidos con base en su experiencia en asuntos relativos al crimen organizado. Su nombramiento durará seis meses, y al concluir este periodo serán relevados por otros juzgadores.
La figura de los “jueces de control” se incluyó en la Constitución en marzo pasado, como parte del paquete de reformas penales aprobadas por el Congreso de la Unión, y a diferencia de lo que pasa en otros puntos de la reforma constitucional, en este caso, el PJF decidió no esperar a que se emita la ley reglamentaria para que esta medida se pueda aplicar.
Se concentrarán en una especie de juzgados virtuales, equipados con la mejor tecnología en materia de informática, para que puedan recibir y girar, incluso en cuestión de minutos si es necesario, las solicitudes y las órdenes de aprehensión, de cateos y de intervención de comunicaciones.
La sede de los juzgados está en el DF, desde donde recibirán las peticiones, de todo el país, que ameriten ser resueltas en menos de 24 horas.
A diferencia de lo que actualmente ocurre, cuando es necesario que todas las órdenes cautelares o precautorias —como las de aprehensión o de intervención de comunicación— se realicen personalmente y por escrito, los jueces de control, durante las 24 horas del día, podrán recibir las solicitudes vía internet, por teléfono o fax, y por esos mismos medios podrán girar las respuestas.
La medida busca dotar de armas más eficaces y veloces tanto a la policía como a los ministerios públicos, en especial cuando la detención de algún delincuente o la integridad de una víctima estén en juego. Pero se busca lograr que exista un control de quienes soliciten las órdenes.
En la ceremonia, la consejera Herrera Tello destacó que con el nombramiento de estos jueces de control, el Poder Judicial cumple con uno de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en Palacio Nacional el 21 de agosto pasado.
Por su parte, la ministra Margarita Luna Ramos advirtió a los nuevos juzgadores que se enfrentan a “tiempos difíciles” que experimenta el país, como resultado de los “cambios exacerbados” que vive la humanidad.
La ministra expresó también su preocupación porque estos cambios “amenazan con desdibujar el rostro de la nación”, toda vez que traen consigo desigualdades en el orden económico, social y cultural.
En septiembre pasado, Excélsior publicó que en menos de siete meses, el Poder Judicial de la Federación reforzó la protección de los jueces y magistrados amenazados por el narcotráfico, principalmente en los estados de Sinaloa y Tamaulipas.
En esa ocasión, Elvia Díaz de León, consejera de la Judicatura Federal, reveló que actualmente hay “más de 30 jueces y magistrados” con protección especial, es decir, por lo menos, cinco más de los que había en febrero de este año, concentrados en siete estados: Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, el Estado de México y el Distrito Federal, plazas controladas por organizaciones como la de los hermanos Arellano Félix, del Golfo, del Milenio y Juárez.




