La bancada del PRI en el Senado de la República arrancó el proceso de negociación para erradicar el uso electoral de la política social, con el propósito de concluirla junto con la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El 28 de enero pasado, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, adelantó a Excélsior que su bancada condicionaba su apoyo a la reforma de Pemex a que también se registrara un avance en el rediseño de la política social y se mejoraran las comisiones federales de Telecomunicaciones y de Competencias.

Desde la perspectiva de Beltrones Rivera, la reforma a Pemex, por sí misma, no provocará la solución de los problemas del país, los cuales se centran en la baja productividad y la pésima distribución de la riqueza.

Ayer, mediante un comunicado oficial, el PRI reveló que ha comenzado el análisis de la reforma a la Secretaría de Desarrollo Social, con base en una propuesta del perredista Graco Ramírez, a fin de contar con un planteamiento que pueda procesarse en el inminente periodo extraordinario de sesiones o, a más tardar, en el ordinario que abre el septiembre.

Al tratarse de un cambio a la Ley General de Desarrollo Social y no de una reforma constitucional, los priistas y perredistas —de concretarse la alianza— se bastan solos para aprobarla, ya que juntos, más los votos de Convergencia y Partido del Trabajo, suman 69 de los 128 legisladores que conforman el pleno; es decir, no requieren de los votos del PAN para sumar el 50% más uno que requiere este tipo de reformas.

El 28 de enero pasado, Manlio Fabio Beltrones aseguró que los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están dispuestos a asumir las consecuencias políticas de la decisión de apoyar la modernización de Pemex sin tocar la Constitución.

“Los riesgos políticos son inherentes a cualquier decisión de avanzada, pero como político y como mexicano con responsabilidad, creo que los riesgos mayores están en no hacer nada”, precisó en esa ocasión.

Aclaró, empero, que la reforma a Pemex no solucionará todos los problemas del país y será preciso revisar la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para elevar la competitividad y distribuir mejor la riqueza.

“El problema del país está en la baja competitividad y en la pésima distribución de la riqueza. Creo que es preciso trabajar en romper los monopolios, evitar los privilegios y poner un freno al uso de los pobres como fuerza electoral, al cambiar los mecanismos de entrega de los programas sociales.

“Nadie ha podido mantener la idea de que lo que tenemos es lo que queremos en Pemex, pero no menos cierto es que esa modernización debe girar en un paquete en el cual se incluyan garantías para una mayor competencia en el país.

“Fortalecer la Comisión Federal de Competencia, hacerla constitucionalmente autónoma, con instrumentos para evitar la concentración de la riqueza y la aparición de monopolios, y también distribuir mejor los recursos que año con año la Cámara de Diputados autoriza para paliar la pobreza, que en los últimos años el gobierno en turno ha tratado de utilizar electoreramente”, destacó Beltrones.

Ayer, mediante el comunicado, la bancada del PRI oficializó que “evalúa las posibilidades de que se discuta una propuesta de modificación a la Ley General de Desarrollo Social, en el próximo periodo extraordinario de sesiones, para terminar con el uso de la indigencia con fines electoreros”.

“Se trata de propiciar una estrategia nacional que se encamine a generar empleos, fortalecer al salario, mejorar la calidad de la educación, los servicios de salud y alcanzar una equitativa distribución del ingreso, lo cual solamente se logrará mediante un órgano independiente que garantice una real política social de Estado, y termine con el paternalismo y el abuso de la pobreza e indigencia para el lucro y el clientelismo político-electoral de las administraciones panistas”, añadió.