CUERNAVACA.- La reforma al artículo sexto de la Constitución considera mecanismos para evitar retrocesos en las legislaciones locales en materia de transparencia, afirmó el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio.

Hay un criterio y parámetros que no pueden evadir los congresos locales, que tienen hasta el 20 de julio para ajustar las normas locales con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, afirmó.

Lujambio señaló que en Jalisco y Campeche se pretende llevar adelante contrarreformas en las leyes de transparencia.

Éstas, sin embargo, tiene pocas posibilidades de avanzar, pues “hay mecanismos de constitucionalidad para las leyes de transparencia”, que impiden cambios, agregó.

“Serán imposibles las contrarreformas, a partir de lo que ha establecido con toda precisión la propia Constitución”, afirmó el presidente del IFAI.

Por ello, agregó, queda descartado cualquier retroceso en materia de transparencia, ya sea en Jalisco o en otro estado del país.

Sobre Morelos, Lujambio informó que no hay aún una ley de acceso a la información, pero sí una iniciativa que se encuentra en la etapa de análisis y discusión. Ésta, sin embargo, ha sido sumamente crítica y es difícil que proceda, afirmó.

El comisionado presidente del IFAI también informó que Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León, Chi-huahua, Coahuila y ahora Morelos son los seis estados de la República que cuentan un sistema de información electrónica, a través de internet.

Pero hay 20 estados que apenas comenzaron las gestiones para firmar los convenios correspondientes que permitan a la sociedad obtener información vía electrónica, como están obligados por la Constitución.

Por su parte, el mandatario estatal, Marco Antonio Adame Castillo, encabezó la instalación del Sistema de Información Electrónico (SIE) Infomex.

Allí hizo un llamado a transformar un sistema discrecional, opaco y autoritario a uno abierto, transparente y participativo.

Adame Castillo también pidió a los ciudadanos “hacer un uso responsable de la información solicitada a través de este mecanismo, con el fin de evitar que éste se utilice facciosamente, ya sea para denigrar o debilitar a las instituciones” y los funcionarios, según dijo.

Estas prácticas “manchan de manera anticipada la vida y trayectoria de cualquier servidor, antes de tener la oportunidad de ver culminados sus procesos para señalar con justicia cualquier responsabilidad”, dijo.