La compleja normatividad que existe en los miles de trámites que se hacen en las dependencias públicas “hace que se fomente la corrupción y permite la discrecionalidad”, aseguró ayer Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, después de haber participado en la inauguración de la Quinta Semana Nacional de la Transparencia.

“El gobierno no solamente es un caldo para la corrupción, sino que además cuesta más caro el gobierno con tanta normatividad, así que estamos en un proceso para limpiar y eliminar tanta normatividad, tal como el Presidente nos lo ha ordenado”, aseveró el funcionario.

El gobierno federal tiene cuatro mil 200 trámites, y dentro de ellos hay una cantidad importante de oportunidades de corrupción; “estamos con la estrategia de eliminarlos y de preguntarle a los ciudadanos cómo ven al gobierno, cómo ven los trámites y dónde hay corrupción, para ponernos en los zapatos del ciudadano”, apuntó.

Vega Casillas enfatizó que es hora de “repensar” toda la normatividad del gobierno, y señaló que hasta el momento la Secretaría de la Función Pública ha levantado 55 denuncias penales contra funcionarios públicos que han participado en hechos de corrupción.

Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, expuso que en las circunstancias actuales en las que el Estado mexicano atraviesa por una crisis, la transparencia puede fortalecerlo, pues ésta apuntala “la legitimidad del Estado, la credibilidad de sus instituciones y la eficacia de su acción”.

El funcionario le expuso al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gustavo Madero Muñoz, y al titular de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, quienes estuvieron presentes en la inauguración, que aún falta construir órganos garantes de la transparencia del Poder Judicial federal y de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Sobre el tema, el senador Madero, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, destacó que existen “buenas y sanas prácticas en materia de acceso a la información que deben ser incorporadas al diseño legislativo”.

Además, comentó que aunque existen funcionarios que verdaderamente se han comprometido con esta nueva cultura de la transparencia, hay otros que se siguen oponiendo a ella y con distintas estrategias tratan de excluirse de la obligación de rendir cuentas.

En ese sentido, Lujambio Irazábal expuso que al IFAI le preocupa particularmente la actitud que ha adoptado la Procuraduría General de la República (PGR) de “ponerse al margen de la autoridad del IFAI”, cuando se trata de dar a conocer averiguaciones previas ya concluidas.