“No podemos negar que puede haber algunos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que incurran en conductas impropias, aun coludidos con el crimen organizado", aseguró Sergio Valls Hernández, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al clausurar la tercera etapa del Congreso Nacional de Juzgadores, sostuvo que el Poder Judicial es consciente de que debe redoblar esfuerzos para "velar por la rectitud de quienes imparten justicia penal".

Indicó que los procesos de depuración de funcionarios en el Poder Judicial no pueden ser iguales a los que lleva a cabo el Ejecutivo, lo cual "no es por capricho o frivolidad", sino porque así lo ordena la Constitución y las leyes, sostuvo el ministro de la SCJN, Sergio Valls Hernández.

A diferencia de las instituciones federales, el Poder Judicial de la Federación carece de atribuciones legales de efectuar una depuración inmediata de sus integrantes sólo por haberles perdido la confianza o por meros indicios de corrupción, explicó.

Instituciones judiciales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asumieron el compromiso para inhibir o reaccionar contra la eventual venalidad de algunos juzgadores que con su conducta pudieron lastimar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

"El Ejecutivo federal así como los de cada uno de los estados tienen la facultad legal de depurar los mandos de sus cuerpos de seguridad simplemente por haberles perdido la confianza, incluso si no existe indicio alguno de corrupción de dichos funcionarios", señaló.

Por el contrario, cuando se trata de jueces que pudieran ser deshonestos, la limpia implica un procedimiento constitucional y legal para "acreditar plenamente los actos irregulares. No es por capricho o frivolidad y menos aún por colusión, sino porque así lo ordena el marco constitucional y legal", expuso Valls Hernández.

A su parecer, la voluntad del CJF, órgano encargado de la vigilancia y administración de los juzgados y tribunales federales del país, es incomprendida, pues la ciudadanía debe comprender que el procedimiento para lograr la extirpación de malos elementos es menos rápida que la de los otros poderes.

Al finalizar el acto, que contó con 348 participantes de todo el país, Valls Hernández señaló que "sobre todo, existen procedimientos específicos y plazos establecidos en la Constitución y en las leyes, que no podemos eludir".

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