Siempre puntual, el descuento que iba a parar a las arcas del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana aparecía en los talones de pago de los mineros que trabajaban en Pasta de Conchos. Pero cuando tuvo que responder por ellos, Napoleón Gómez Urrutia, su entonces líder, pasó de largo frente a las familias y entró directo a las oficinas de Industrial Minera México.

Fue el primer indicio de que los deudos de los 65 fallecidos en la explosión de la mina poco podrían esperar de sus supuestos representantes gremiales. Elvira Martínez, hoy cabeza visible de los familiares que mantienen la esperanza de recuperar a sus muertos, recuerda que fueron ellos mismos quienes tuvieron que buscar al líder, quien reclamaba con furia la culpabilidad de la empresa ante cámaras y grabadoras, pero que jamás se acercó a darles la cara.

Dos años y medio después de la tragedia, los dirigentes continúan sin dar ningún apoyo real a las familias, y aunque saben que tienen derecho a reclamar que cumplan con sus obligaciones, prefirieron deslindarse de ellos por temor a que usaran su tragedia de estandarte para defender a su líder destituido y perseguido por la justicia.

El reclamo, sin embargo sigue siendo enérgico. Elvira señala que el sindicato podría ser un gran aliado en su demanda por el rescate de los cuerpos, pues cuenta con personal capacitado, experiencia y ligas con sindicatos extranjeros que pudieran proporcionar el equipo para inspeccionar la mina; además, el dinero de las cuotas debería servir para la causa de los mineros.

“Nunca hemos sabido que ellos gestionen ante autoridades, que presenten algún escrito donde digan ‘Exigimos el rescate’ o que ellos digan ‘Nosotros vamos a realizar el rescate de nuestros compañeros’; entonces realmente no hay nada”, responde cuando se le pregunta por el apoyo del gremio.

Raúl Vera, obispo de la Diócesis de Saltillo, señala otra razón por la que el sindicato no debe formar parte del movimiento de los deudos: el oficio que avala la presunta inspección de autoridades de Trabajo a la mina, 12 días antes de la explosión, en el que se afirma que existían óptimas condiciones de seguridad, tenía al calce tres firmas: la de un inspector de la Secretaría del Trabajo, la de Industrial Minera México y la de un representante gremial.

Así que el sindicato no sólo no ha intervenido en nada, señala el prelado; lo más grave es que también es culpable de la tragedia. De las tres entidades señaladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por haber avalado las labores de los trabajadores en una mina que era una bomba de tiempo, es la única que no ha estado ni siquiera como testigo en los procesos penales y administrativos.

Por eso Pastoral Laboral, organización civil que apoya jurídicamente a las familias, ha reclamado que se les finquen responsabilidades y que, “al menos por vergüenza”, devuelvan las cuotas cobradas a los mineros fallecidos, incluso a los que no pertenecían al sindicato, porque estaban subcontratados.

La intervención del sindicato, sin embargo, sí ha tenido repercusiones en las demandas de los deudos, pues la discusión sobre si debían participar en la lucha los separó.

Rosy Mejía, esposa del minero fallecido que era representante sindical en Pasta de Conchos, reconoce que ese fue el punto de discusión que dividió en dos a las viudas.

Ella confía en el gremio, aunque reconoce que no han recibido ningún apoyo, más allá del discurso, y que ni un peso del sindicato les ha servido para mantenerse en la lucha. Pero argumenta que es porque nunca le pidieron ayuda por hacer caso de quienes decían que contaminaría la causa.

Elvira Martínez opina que el gremio podría haber actuado por cuenta propia si quería y recuerda que, tras la tragedia, mineros de otras secciones realizaron donaciones al sindicato que nunca llegaron a los deudos.

El diputado federal Alberto Esteva, que funge como enlace entre la bancada de Convergencia y el sindicato, aseguró que él está en contacto constante con Gómez Urrutia, y que se encuentra muy preocupado por la falta de respuesta del gobierno a la demanda del rescate de los cuerpos.

Al indicarle que los familiares señalan que no han recibido ayuda, argumentó que él mismo ha enviado cartas a la Secretaría de Gobernación y Presidencia, y mostró copia de ellas. Sin embargo, señaló que no es miembro del sindicato.

El 13 de agosto, los familiares que decidieron aceptar la ayuda del sindicato amenazaron con ingresar, junto con los agremiados, a la mina a fines de septiembre si el gobierno no reanuda el rescate de los cuerpos.

Pero Elvira lo toma con cautela. El mismo emplazamiento hicieron ellas con anterioridad, pero desistieron porque reconocen que sin la preparación y aparatos adecuados sería una irresponsabilidad.