El zar antidrogas de la Casa Blanca, John Walters, acusó ayer al Congreso de Estados Unidos de estar saboteando la relación con México al imponer una serie de condiciones de combate a la corrupción y de protección a los derechos humanos, para otorgarle a México recursos por 350 millones de dólares para el combate al narcotráfico en este año, dentro del esquema de la Iniciativa Mérida.

El funcionario afirmó que su dependencia está trabajando con miembros del Senado y de la Cámara de Representantes “para arreglar esto y que no se vuelva una fuente para sabotear una oportunidad única de detener una peligrosa amenaza común”.

Después de que el año pasado el presidente Felipe Calderón dialogara con el presidente estadunidense George W. Bush y le pidiera una mayor colaboración de su gobierno para combatir al narcotráfico, Bush sometió al poder legislativo una propuesta de ley conocida como Iniciativa Mérida.

La propuesta contemplaba otorgar a México equipo y entrenamiento para el combate al narcotráfico equivalente a mil 400 millones de dólares y estaba planteado para durar tres años.

Bush pidió 500 millones para 2008 como parte de la iniciativa y esa petición la ha estado analizando el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos en forma independiente,

En primera instancia, el pleno de la Cámara de Representantes aprobó una versión de la Iniciativa Mérida que propone otorgar 400 millones de dólares en equipo y entrenamiento a México, 100 millones menos de lo solicitado por Bush.

Por su parte, el pasado 18 de mayo, el Senado estadunidense aprobó una versión diferente de la iniciativa que le otorga 350 millones de dólares a México, pero condiciona esos recursos a que el Departamento de Estado garantice que existen “mecanismos de escrutinio” para verificar que los policías y militares mexicanos involucrados en la Iniciativa no han participado en actos de corrupción ni de violación a los derechos humanos.

Otro de las condicionantes es que México recibiría los recursos para el combate al narcotráfico sólo si el gobierno estadunidense “estima que el gobierno mexicano inició reformas legales y judiciales”.

El secretario mexicano de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, calificó de “inaceptables” las condiciones actuales de la Iniciativa Mérida que se debate en el Congreso de Estados Unidos, y aseveró que “México no solicitó asistencia unilateral”.

Aún falta que una delegación de senadores y otra delegación de representantes se reunan para consensar lo que será la versión final de la Iniciativa Mérida, la cual para convertirse en ley, deberá ser ratificada por el presidente Bush.

Ayer, Walters elogió los esfuerzos que ha hecho el gobierno de México en el combate al narcotráfico y sobre el presidente Felipe Calderón dijo: “él es una roca” y habló de que la iniciativa debe aprobarse “en forma tal que no genere la percepción de que infringe la soberanía de un socio como México”.

Para eso va a ser necesario “un cambio en el lenguaje (de la versión) del Senado y creo que podemos lograr eso”, dijo Walters, quien en la rueda de prensa estuvo acompañado por la administradora en funciones de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), Michelle Leonhart.

De las condiciones establecidas por el Senado, las que más le preocupan a Walters son que los militares mexicanos que sean acusados de comportamiento criminal sean llevados ante cortes civiles y que Estados Unidos tenga que “certificar” a algunas instituciones del gobierno mexicano.

En este último punto Walters y el embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, difieren en tanto que el viernes pasado Garza afirmó que el Senado estadunidense no pretende “certificar” el comportamiento de México, sino que las condiciones impuestas son controles que el legislativo establece en forma “rutinaria” al ejecutivo estadunidense.

Walters se mostró confiado en que “el liderazgo del Congreso aceptará cambios en la redacción de la Iniciativa Mérida de tal forma que sean aceptables para México”, pero se negó a hablar de plazos y sólo dijo que espera que ocurra “tan pronto como sea posible”.

Además de otorgarle a México 350 millones de dólares, la versión preliminar del senado contempla 100 millones de dólares para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.