Bajo el reconocimiento de que frenar la delincuencia exige como primer paso el “sacarla de nuestra casa”, el presidente Felipe Calderón logró el compromiso de las 32 entidades federativas para depurar las corporaciones policiacas en el plazo de un año.

“La verdad es que todos somos responsables”, afirmó el mandatario federal, quien comparó al crimen organizado con un cáncer desarrollado por largo tiempo y admitió que su expansión es resultado de la impunidad que se abre paso en medio de un modelo de combate insuficiente.

El Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad fue suscrito por todos los gobernadores, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, en representación del Poder Judicial, así como por los presidentes del Senado, Santiago Creel, y de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, dirigentes de las iglesias, sindicatos y organizaciones civiles, al igual que directivos de medios de comunicación.

Entre los 75 puntos del documento, destacan varias acciones en torno al secuestro: el compromiso para que en el siguiente periodo del Congreso de la Unión se formule una ley y reglas que impidan la preliberación de los presos relacionados con este delito; la creación de unidades certificadas para perseguirlo en menos del siguiente semestre; construir dos centros de readaptación social con módulos especiales para secuestradores en dos años, y en el caso de la PGR, elaborar con las entidades federativas una estrategia antisecuestro en menos de seis meses.

Otro compromiso que aún sigue pendiente es el de reasignar recursos en el presupuesto para seguridad.

Todos los registros serán actualizados y mejorados para contar con información confiable en cuanto a portación de armas, vehículo y licencias de conducir

En dos años medio, el Poder Judicial, se comprometió a fortalecer el mecanismo de selección de jueces y magistrados.

Frente a una asistencia que se consideró histórica, porque acudieron todos los consejeros, así como el empresario Alejandro Martí, padre del joven asesinado por sus secuestradores y cuyo drama hizo posible que por primera vez acudiera el gobernante capitalino a este foro, el presidente Calderón insistió en la idea de la concurrencia de esfuerzos, como factor clave para superar la actual espiral de violencia que, dijo, ha envuelto de miedo a muchas comunidades.

Rechazó la idea de que el Acuerdo sea “una carta de buenas intenciones” y llamó a las autoridades a no renunciar ni retroceder ante quienes amenazan la seguridad ciudadana.

De su cumplimiento, argumentó, depende la recuperación de la confianza en la autoridad, por lo que urgió a tomar compromisos concretos y verificar su cumplimiento en los tiempos fijados.

Calderón convocó a los asistentes a sesionar en un mes y, posteriormente, en cien días, a fin de revisar el avance de los compromisos.

“Esta estrategia no puede ser un conjunto de actos caprichosos, inconexos o aislados entre nosotros. Mucho menos puede ser un proyecto que obedezca a intereses o prejuicios regionales o partidistas, tampoco puede ser producto de la improvisación”, expuso el mandatario.

La ciudadanía reclama una respuesta y una estrategia integral y de largo plazo, traducida en “la plena coordinación de nosotros”, remarcó en el arranque de una sesión que duró dos horas con 50 minutos.

Previamente, en privado, sin la asistencia de Ebrard, que declinó la invitación, Calderón comió con los 31 gobernadores, afinando así los detalles del pacto.

En abono a este planteamiento, el Presidente expuso: “Hay que hablar claro, la proliferación de crimen no puede entenderse sin el cobijo de la impunidad que se ha abierto camino en medio de insuficiencia de la investigación; de la mala entendida división de competencias; que ha encontrado el camino a sus anchas para delinquir”.

Con ese diagnóstico, resumió los compromisos del Acuerdo: darle prioridad a la participación ciudadana, a la generación de inteligencia policial y al empleo de modernas tecnologías en el combate del delito.

Fue enfático en la necesidad de diseñar sistemas que permitan la ubicación en tiempo real de teléfonos móviles utilizados por los delincuentes, fortalecer el sistema único de información criminal e integrar otro de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos.

“Necesitamos que los ciudadanos ocupen el espacio de participación que les corresponde, se requiere no sólo de policías sino también ciudadanos que vigilen a la policía, ciudadanos que denuncien la corrupción en los gobiernos, que nos digan quiénes son y que entreguen esta información sin que corra riesgo su integridad o la de su familia”, propuso Calderón.

Toda vez que 90 por ciento de los delitos que se cometen en el país corresponden al fuero común, el Presidente vinculó el combate al crimen organizado con la depuración que cada autoridad deberá hacer de sus respectivas corporaciones:

“Es fundamental que el ya basta, expresado por la ciudadanía, lo sepamos traducir en acciones concretas, que restituyan la confianza en nosotros y en las policías encargadas de cuidarnos. Debemos frenar a la delincuencia: un primer paso es sacarla de nuestra propia casa”.

Posteriormente, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hizo una detallada revisión de los problemas que se buscan superar con los acuerdos suscritos: crear en un año un protocolo de evaluación de centros de control de confianza certificados, y “perfeccionar el reclutamiento de personal” en esas dependencia en seis meses; la PGR haría lo propio en dos años y en uno, los ministerios públicos.

Habrá además, para febrero de 2009, una estrategia nacional contra el narcomenudeo, y para ese mismo mes de 2010, el fortalecimiento de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR.

Otros tópicos contenidos en el Acuerdo, con un plazo de cumplimiento en medio año, son el mejoramiento en las sentencias ejecutorias, la atención a víctimas, la regulación del registro de la telefonía celular y fija y la garantía de cobertura de un número único en el país, 066 y 089 para denuncia anónima.

Con una meta de sólo tres meses, las autoridades federal y locales se proponen fortalecer el sistema de denuncia contra la corrupción y mala actuación de los cuerpos policiacos.

y la actualización del registro de licencias de portación de armas.