A cuatro días de iniciar el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, la presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, programó para hoy una cita en sus oficinas con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con quien un sector del PRD no quiere trato alguno.

El encuentro cobra relevancia por el giro que Mouriño quiere imprimir a Gobernación: de puertas abiertas para la oposición, pero sobre todo porque con su antecesor, Francisco Ramírez Acuña, estaba roto el puente de comunicación entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Sólo una vez se reunió con el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, pero el ex secretario hizo público el encuentro y al legislador le llovieron los reclamos de la militancia, y por ello no quiso volver a saber nada de Ramírez Acuña.

El encuentro Mouriño-Zavaleta está marcado además por los temas de la agenda legislativa que serán de prioridad en el periodo de sesiones, que empieza el primero de febrero.

Para ambos poderes hay un asunto, de los que serán discutidos hasta abril (cuando concluye el periodo), que encabeza la lista de prioridades: la seguridad nacional.

Del lado del gobierno, así como de la presidenta de la Cámara baja, hay coincidencia en impulsar medidas para abatir al crimen organizado, pero también en tomar previsiones contra el terrorismo, declaró a Excélsior una fuente cercana a Zavaleta.

Esto por las repetidas amenazas del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de que perpetrará ataques contra el Congreso si se aprueba la reforma judicial.

Incluso la diputada perredista ha comentado que ese tema debe ser prioritario en el Legislativo, incluso sobre otros como el de la reforma energética.

Comparten la propuesta las fracciones del PRI y PRD, las cuales ya hicieron sus reu-niones plenarias, en donde definieron su agenda para el periodo entrante. Falta el PAN, cuyos diputados se van hoy y hasta el jueves a San Miguel Regla, Hidalgo, a tratar esos asuntos.

Otro tema que la presidenta de San Lázaro pondrá en la mesa es el de las fiscalizaciones a los juegos y sorteos, pues en este punto Ramírez Acuña presentó controversias constitucionales para frenar una serie de auditorías.

Ruth Zavaleta y el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ya empezaron una contraofensiva con el fin de que desde el gobierno federal no se puedan promover controversias y evitar auditorías

“Voy a proponer un cambio que me ha hecho llegar el auditor superior y voy a pretender que todos los compañeros de las fracciones parlamentarias lo suscriban para que pueda corregirse este problema de que no podamos auditar ciertas áreas del gobierno federal”, ha declarado Zavaleta.

Esta postura de la legisladora la apoyan diputados del Revolucionario Institucional.

El plan para este periodo que inicia el primero de febrero es modificar la Constitución para establecer claramente que la Auditoría Superior tiene todas las facultades de revisar cualquier caso en que se manejen recursos públicos.

En cuanto a los consejeros electorales, según Héctor Larios, líder de la bancada del PAN, todo será resuelto el 5 de febrero.

Al PRI también le urge que sea así, luego que en diciembre las diferencias políticas impidieron que los legisladores cumplieran con el proceso que constitucionalmente ellos mismos se fijaron para el 18 de diciembre, como plazo. El objetivo es nombrar al sustituto de Luis Carlos Ugalde y otros dos consejeros.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que a más tardar el 5 de febrero se anunciarán los tres nuevos consejeros.