Un tribunal federal confirmó la suspensión provisional que otorgó el Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Primera Región, a fin de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abstenga de emitir una resolución sobre el procedimiento de liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Sin embargo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, consideró que no significa un revés para el gobierno federal, sino para quienes han confiado en el consejo de liderazgos o abogados que les han hecho creer que con un amparo van a revertir ese decreto.

En conferencia de prensa, el funcionario expuso que esa resolución no afecta el proceso de extinción de la citada empresa, sino que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abstendrá de emitir un laudo o resolución respecto a la conclusión laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con esa compañía, hasta que se desahogue de fondo el juicio de amparo.

Reiteró que se mantiene intacta la extinción de LyFC y que no afecta el proceso de indemnización y de compensación adicional que concluye el próximo 14 de noviembre.

Antes, por la tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) contra el decreto presidencial que anunció la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Al entregar los documentos en la Oficialía de Partes del alto tribunal, los diputados Alejandro Sánchez Camacho y José Luis Muñoz argumentaron que la decisión liquidar la empresa es anticonstitucional.

La ALDF argumentó además que el Poder Ejecutivo no está facultado para emitir decretos como el del pasado 11 de octubre sin consultar previamente al Congreso de la Unión.

Por lo que la controversia cuenta con la firma de la Presidencia de la Asamblea, entidad que, como establece el artículo 105 constitucional, tiene autorización para apelar ante el mayor órgano de justicia del país.

Los legisladores aseguran que con esto se violan los artículos 72 y 123 de la Constitución, los cuales garantizan que las empresas estatales son patrimonio público y la garantía del trabajo.

Como autoridades demandadas se encuentran los titulares de las Secretarías de Energía, Georgina Kessel, y de Trabajo, Javier Lozano, así como y la Presidencia de la República.

La controversia deberá ser turnada a uno de los ministros de la Suprema Corte.

“Confiamos en que por la necesidad de decidir este caso lo resuelva rápido, le dé la entrada, confiamos en que es lo primero que debe hacer la Corte. Confiamos en que no dé la razón”, dijo.