El Instituto Federal Electoral no tiene conocimiento oficial de las investigaciones que llevan a cabo la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación sobre los posibles nexos con el narcotráfico de 16 candidatos a diputados y el presunto financiamiento de campañas con dinero ilícito en 160 distritos.

No obstante, aun cuando se comprobaran estos delitos, la ley electoral no considera el retiro del cargo para candidatos que ganan una curul, a pesar de que se les comprueben delitos.

“Hasta el momento, no hemos recibido notificación oficial a partir de esta información periodística. Vamos a ponernos en contacto con las autoridades para conocer la información correspondiente, porque puede suceder que se trate de una investigación periodística y tenemos que corroborar que esos datos obren en poder de las autoridades federales y, en consecuencia, actuaremos en función de las facultades que nos otroga la ley electoral”, dijo el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.

Afirmó que el IFE tiene en curso el proceso de fiscalización para las precampañas y está abierto el que corresponde a las campañas.

“En ese marco tenemos amplias facultades que implican incluso sanciones a candidatos y a partidos políticos, en caso de comprobar este tipo de situaciones (dinero ilícito en sus campañas)”, dijo.

Interrogado sobre las facultades del IFE en caso de comprobarse delito, aclaró que si se trata de ilícitos del orden federal “serán las autoridades competentes las que tendrán que tomar las determinaciones que correspondan”.

Valdés Zurita, sin embargo, evitó comentar acerca de un posible retiro de registro para aquellos candidatos a quienes se les comprueben ingresos no permitidos por la ley.

El consejero Arturo Sánchez explicó que la ley establece que todos los gastos en que incurra un candidato deben ser reportados al Instituto Federal Electoral para su revisión y fiscalización.

“Si hay un gasto que el partido no reporta, cuyo origen no explica o el destino amerita una sanción, entonces el IFE determina las sanciones”, dijo.

Sánchez agregó que las sanciones más fuertes son justamente para quienes no tienen una explicación clara del origen y destino del dinero.

“El candidato y el partido son responsables, de modo que si hay denuncias serán investigadas y se llegará a la sanción que corresponda. El Pemexgate y los Amigos de Fox comenzaron así”, recordó.

El consejero agregó que la ley electoral no considera la pérdida de la candidatura, “porque la información la obtendremos cuando pase la elección”.

Agregó que, a diferencia de otras leyes locales del país, en la legislación federal, “si uno encuentra que hubo violación de este tipo, eso no implica para el candidato vencedor perder su puesto; eso dice la ley y así lo aplicaremos.”

El consejero presidente, Leonardo Valdés, lamentó también el asesinato de un capacitador electoral del IFE en Guerrero y comentó que ya giró un oficio a las autoridades para exigir el esclarecimiento del caso.

Comentó además que solicitó a la Secretaría de Gobernación garantías para que la elección se realice en paz.

El consejero Arturo Sánchez, por su parte, descartó que el asesinato del capacitador tenga como intención violentar las elecciones o se trate de un mensaje para IFE del crimen organizado.

...Y en la antesala del 5 de julio

Excélsior publicó ayer que las autoridades federales investigan la posible infiltración del narco en campañas y su relación con aspirantes:

De acuerdo con la información, desde hace meses analistas de la Segob y la PGR, por separado, realizaron un cruce de información de todos los candidatos y lograron identificar a aquellos con relaciones políticas, económicas o comerciales imbricadas con los principales jefes de bandas delictivas.

Así resultó que al menos 16 candidatos a diputados federales tienen vínculos con el crimen organizado.

También hay evidencias en manos de la PRG y la Secretaría de Gobernación de que en 160 de los 300 distritos electorales hubo financiamiento ilícito, aunque éste no necesariamente provino del crimen organizado, sino de aportaciones irregulares o se sobrepasaron los topes de campaña.

Entre los candidatos que estarían ligados de distintas maneras con delincuentes, hay militantes de PAN, PRI, PRD y PVEM.

Según la Segob y la PGR, estos políticos son originarios de Sonora, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua.

El análisis de los perfiles y las relaciones personales de los candidatos tiene como base la información que se manejó desde las oficinas de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, con la cooperación de algunas instancias del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a cuentas bancarias y propiedades.