La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal darán a conocer mañana los avances logrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Ambas dependencias, que rendirán el informe en la reunión del

Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), han puesto énfasis en la Estrategia de Combate al Delito de Secuestro, que por sus características y consecuencias representa una amenaza para la población.

Por ello, se han creado Unidades Especializadas en el manejo de crisis, negociación, investigación y operación en las regiones en las que se ha incrementado la operación de bandas dedicadas a esta actividad ilícita.

El objetivo es rescatar con vida y en plena integridad física y emocional a las víctimas, así como detener a los responsables para castigarlos con todo el rigor de la ley, ya que se les vincula con actividades de delincuencia organizada.

En la Estrategia Nacional de Combate al Delito de Secuestro se precisa que de enero de 2007 a septiembre de 2008 se registraron mil 106 víctimas de ese delito, lapso en el que se logró la liberación de 770 plagiados.

Entre 2001 y septiembre de 2008 se deshicieron 139 bandas de delincuentes, y se aprehendieron 923 presuntos secuestradores, de los cuales 34 eran policías. En 20 de las organizaciones criminales que fueron aseguradas tambien se encontraban ex agentes de seguridad.

Para combatir el plagio este año se realizaron operativos en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Baja California, Coahuila,

México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, así como en el Distrito Federal.

En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se establece la necesidad de consolidar la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a las autoridades y a la sociedad, al tiempo que los vincule en un frente común contra la violencia y el crimen.

En los últimos meses se han realizado esfuerzos institucionales para detener al crimen organizado, fortalecer la capacidad del Estado y dotar a las fuerzas del orden con tecnología de punta y sistema de información para garantizar la seguridad pública.

El acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad, pues plantea desarrollar y complementar el marco normativo en seguridad pública, depurar las policías de los tres órdenes de gobierno y fortalecer mecanismos de información e inteligencia.

Para la PGR y la SSP federal es fundamental que la sociedad vigile y supervise que se cumplan los compromisos establecidos, ya que este acuerdo pretende atender los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia.

jsr