Boca del Río, Ver., 5 Abr (Notimex).- La dirigencia nacional del PRI dio a conocer las líneas para una reforma energética, mientras gobernadores de ese partido se pronunciaron en favor de la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado.

En el marco del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la lideresa Beatriz Paredes Rangel presentó la dirección a seguir en materia energética y reiteró su negativa a una eventual modificación a la Constitución.

El cónclave priista evidenció posturas divergentes en materia energética, pues mientras la dirigencia urgía al gobierno a cumplir su responsabilidad y presentar una propuesta, legisladores , gobernadores y líderes confirmaron trabajan en un proyecto alterno.

Integrantes del grupo Reflexión plantearon una construcción política energética de Estado que trascienda dogmas, que contenga una visión de largo plazo y que permita la modernización de las empresas del sector.

Los gobernadores de Veracruz y Tabasco, Fidel Herrera Beltrán y Andrés Granier Melo, admitieron simpatizar con la participación privada en Pemex y reiteraron que trabajan en una propuesta alterna con sus homólogos de los estados productores de petróleo.

La dirigencia priista, ante más de mil consejeros, planteó lo que a su juicio deben ser las líneas estratégicas para la reforma de Pemex, que a su parecer debe tener autonomía con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Pemex no puede ser la "caja chica" que sustituya las fallas en la captación de recursos del gobierno federal, argumentó, y propuso que el proceso de renovación sea gradual para ajustar leyes y reglamentos a fin de preparar al organismo y a las finanzas públicas para la transición.

Durante el Consejo político, sus integrantes también aprobaron el nombramiento de Manuel Aguilera Gómez como secretario técnico y autorizaron a la dirigencia nacional a emitir la convocatoria para la 20 Asamblea Nacional.

En lo que respecta al problema de los spots no reportados, el partido consideró posible que enfrente una nueva crisis económica, en caso de que el Instituto Federal Electoral (IFE) determine aplicar una cuantiosa multa.

Al respecto, la Secretaría de Finanzas rindió un informe en el que reconoce que aun cuando el Revolucionario Institucional ha reducido sus pasivos en los dos últimos años, todavía enfrenta demandas laborales por 202 millones de pesos.

Según las cuentas de ese instituto político, para 2008 tienen como financiamiento público 510 millones de pesos, y en cuotas, 39.9 millones de pesos, lo que sumado hace un total de 550 millones de pesos.

Ese capital es distribuido de la siguiente forma: 34 millones son para pagos de multas al IFE; 26 millones, para impuestos; 50 millones se destinan a reducir los pasivos históricos, y 124 millones son usados en servicios personales.

Además, 13.2 millones tiene como fin el pago de servicios básicos; 50.1 millones se gastan en servicios generales; 99 millones, en campañas y comunicación social; 110 millones son para subsidios y transferencias, y los restantes 3.2 millones, en previsiones salariales económicas.