Desde distintos sectores involucrados en la industria petrolera del país, como gobiernos estatales, Cantarell, constructores y empresarios marítimos, surgió ayer la exigencia al Congreso de la Unión para que la asociación del sector privado con Pemex privilegie a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) nacionales, con el fin de impulsar el desarrollo económico del país.

Ayer, en la discusión en el 19 foro petrolero del Senado de la República se mostraron tres posiciones sobre la Política e Instrumentos para Impulsar la Industria Nacional Relacionada con el Sector Petrolero, contenida en el paquete de iniciativas del presidente Felipe Calderón.

Mario de la Cruz Sarabia, representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y Luis Puig, ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ahora consultor independiente, mostraron una posición de propuesta, pero sin definir un voto en favor o en contra del proyecto calderonista.

Humberto Armenta, de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción; Javier Hinojosa, Subdirector de la Zona Marítima Noroeste de Pemex Exploración y Producción, y Luis Manuel Ocejo, de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, pidieron a los legisladores respaldar el plan de reforma del Ejecutivo, aunque pusieron sobre la mesa algunas propuestas más.

Luis Linares Zapata, ex asesor de Pemex y ahora colaborador de Andrés López Obrador; Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, y Gilberto Ortiz Muñoz, del sector químico de Canacintra, pero quien habló a título personal, instaron, en cambio, a retirar la iniciativa presidencial, por incurrir en traición a los mexicanos.

Mario de la Cruz Sarabia destacó que al no existir reglas claras, “Pemex se ha cerrado a un reducido círculo de proveedores; es decir, a las grandes empresas de capital internacional y algunas pocas nacionales”. Pidió que en los contratos de la petrolera se exija 60% de participación nacional.

Instó a incluir en la ley la obligación de la empresa a adquirir 35% de servicios y obras de las empresas nacionales pequeñas y medianas, con un domicilio fiscal de al menos un año en el estado al que llegue, para así generar 180 mil empleos nuevos, 18% de la necesidad anual del país.

Luis Puig propuso la integración de un grupo de empresas nacionales, como una especie de cluster o conglomerado energético nacional, con Pemex, CFE, Luz y Fuerza, industrias y cámaras representativas, para impulsar la proveeduría nacional de bienes de capital y alcanzar economías con ventajas competitivas.

Consideró que la ausencia de una política energética provocó la baja en las reservas petroleras, la importación en 40% de gasolina y rezago en la refinación y la petroquímica.

Humberto Armenta pidió el apoyo a las empresas nacionales, y reveló que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción detectó en la iniciativa presidencial que se busca un régimen mixto para las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas que pretende distinguir las actividades sustantivas de carácter productivo de las que no lo son, de tal forma que las primeras queden exceptuadas de obligaciones establecidas en la Ley de Adquisiciones.

Sin la aprobación de la reforma, advirtió Javier Hinojosa, “no estaremos en condiciones para enfrentar los retos de exploración y producción de los próximos años”, porque el marco normativo actual no está diseñado para contratar eficientemente, dijo, y su aplicación ocasiona atrasos y destrucción de valor.

“Necesitamos en esencia operar con la flexibilidad que operan todas las empresas petroleras del mundo”, destacó.

Luis Linares hizo público un documento del Movimiento en Defensa del Petróleo, con 13 “líneas rojas” de la reforma petrolera presidencial, la cual es “inaceptable”, porque es contraria a la Constitución y por “su evidente intención privatizadora”.

La privatización, dijo, se “manifiesta en el objetivo implícito de transferir a empresarios e inversionistas privados, tanto foráneos como nacionales, las actividades centrales de la industria. Se les permite construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas”.

Luis Manuel Ocejo también pidió respaldo para los navieros mexicanos en la reforma petrolera, la cual consideró un avance para el país.

“La apoyamos, porque consideramos que puede ser una oportunidad para detonar el desarrollo del país y de la marina mercante mexicana”, indicó.

Gilberto Ortiz, quien citó el trabajo de Excélsior sobre Cantarell, sugirió retirar la propuesta presidencial o, en todo caso, enviarla a la congeladora legislativa, para que sea el diálogo entre todas las fuerzas políticas el que construya la iniciativa de reforma.

“Aun ganando, el Ejecutivo pierde, ya que la percepción de un gran número de compatriotas seguiría en el supuesto de una imposición que daña el futuro nacional y que es uno de los puntos políticamente sensibles de la agenda nacional”,enfatizó.