El secuestro y asesinato de Fernando Martí acentuó la percepción de inseguridad pública y falta de control de las autoridades sobre lo que pasa en el país y en la Ciudad de México. Además, despierta en algunos sectores de la opinión pública demandas de prácticas atentatorias de los derechos humanos, como la tortura, con tal de frenar al hampa. Ello se desprende de la encuesta telefónica BGC-Excélsior, levantada a nivel nacional entre el 7 y el 8 de agosto.

El caso Martí es bastante conocido, pues 66% de los encuestados afirmaron tener conocimiento de este crimen. La responsabilidad la endosan mayoriritariamente al gobierno del Distrito Federal (nacional, 41%; DF, 39%) que a la administración de Felipe Calderón (nacional, 16%; DF, 20%).

Tras el horrendo crimen cometido al hijo del empresario Alejandro Martí, aumenta más de 25 puntos la percepción negativa sobre la inseguridad en México, que regresa a los niveles que no tenía desde el gobierno de Ernesto Zedillo. Ahora, 77% de la población con teléfono en su vivienda califica mal o muy mal la situación de la seguridad pública. Ver tabla 1.

Asimismo, avanza la impresión de falta de control gubernamental sobre lo que pasa en el país y en la capital: 49% a nivel nacional cree que el gobierno de Calderón ha perdido el control de las cosas que ocurren, opinión predominante por primera vez en su sexenio. Ver tabla 2.

Esta percepción de pérdida del control de la situación es notablemente mayor entre los capitalinos. En el DF, la percepción de falta de control por el gobierno de Ebrard es muy extendida (75%).

Eso explica que la población castigue con mucha mayor severidad al jefe de Gobierno que al Presidente. Mientras que el acuerdo con la manera de gobernar de Calderón cae cinco puntos (tabla 3), el acuerdo con la forma de gobernar del jefe de Gobierno pierde 12 puntos (de 59% a 47%), probablemente porque el secuestro y asesinato ocurrió en el DF con presunta participación de elementos de la policía local y después de lo ocurrido en el News Divine. Ahora, 47% de los capitalinos está en desacuerdo con la labor de Ebrard, el registro más alto en lo que va de su gobierno. Ver tabla 4

La notoriedad del caso Martí provoca que la opinión pública sienta que tanto el gobierno federal (55%) como los estatales (80% DF, 50% resto del país) han sido rebasados por el crimen organizado. La gente se siente más desprotegida: 86% siente poca o nula confianza en las corporaciones policiacas para protegerla del crimen organizado.

Aunque los secuestros son materia principalmente estatal, el caso Martí afecta la evaluación que tiene la gente de la labor federal en el tema de la seguridad. Desciende el grado de respaldo con la manera como el Presidente combate la delincuencia. El 68% está de acuerdo o de acuerdo en parte con la gestión de Calderón en este renglón, esto es, 8 puntos menos que en julio. Sin embargo, aunque a la baja, el nivel de aprobación a la labor del mandatario contra la inseguridad es más alto que el que logra en materia económica (51%). En el renglón del combate a los secuestros es donde menos éxito se percibe (poco éxito, 39%; nada, 37%).

Pese al aumento de la delincuencia, la mayoría de la población no piensa armarse, aunque alrededor de 40% a escala nacional sí considera tener un arma en su casa si pudiera, así como contar con seguridad privada. Irse del país o salir armado a la calle son opciones aún menos contempladas (30% y 28% respectivamente). Más bien, se toman medidas más a la mano y menos riesgosas, por ejemplo, salir acompañados a la calle (66%) o no salir en la noche (53%).

El grado de inseguridad que percibe la población conduce a sectores relevantes a aceptar la posibilidad de aplicar ciertas medidas drásticas que atentan contra los derechos humanos. La mitad de la población con teléfono (49%) está de acuerdo con que se permita torturar a presuntos implicados en secuestros y 68% aprueba que se castre a los violadores. Otras acciones controvertidas que pueden afectar más directamente a la población promedio son rechazadas por la mayoría, pero aun así hay minorías significativas que no las objetan, por ejemplo, un tercio respalda la intercepción de llamadas telefónicas sin orden judicial o el toque de queda, y una quinta parte ve bien los cateos y las detenciones sin autorización de un juez. Ver tabla 5

La pena de muerte, castigo clamado por muchos, pero condenada por otros, también es aceptada por la opinión pública. La pena capital se admitiría sobre todo cuando se trata de secuestro (78%), violación (76%), abuso de menores (76%) y asesinato (64%).