Le mutilaron tres dedos de la mano izquierda y uno más de la diestra. Lo mantuvieron secuestrado durante 29 días. Los integrantes de la banda de Los Colmenos son los responsables de las amputaciones y el rapto de Pedro Galindo, un empresario.

Escenas de este tipo se han incrementado el último año en México. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que a lo largo del territorio nacional se denuncian 1.6 casos al día.

Y es que, además, las organizaciones de narcotraficantes han transformado su actividad y se involucran cada vez más en el secuestro, obligados por la intercepción de cargamentos de drogas. Así, las pérdidas económicas por la acción gubernamental “alguien las tiene que pagar”.

Delincuentes menores también han convertido este delito como una moda, que por inexperiencia ejercen mayor violencia; carecen de un plan previo, sus acciones son dispersas, pues sólo buscan la oportunidad.

Hace 20 años las posibilidades de sobrevivir a un secuestro eran de 90 por ciento, pero la operación de los nuevos participantes en esta conducta ilícita ha reducido el índice de protección para el plagiado.

La correcta asesoría de un profesional es fundamental para la familia afectada. Los expertos en este tipo de crisis advierten que hay que evitar el aislamiento, pues el problema es muy grave para manejarlo de manera personal, y el delito se tiene que denunciar.

El objetivo es que la víctima sea liberada lo más rápido que se pueda, con el menor daño posible y con la menor cantidad de dinero a pagar, una tarea que requiere en muchos casos la creación de “un comité de crisis”.

“El secuestro es un fenómeno que se ha incrementado en este país, mucho; (…) se han diversificado las modalidades del secuestro, han aumentado los perfiles de las víctimas, se ha ampliado (el ilícito) en distribución geográfica y se han recrudecido tristemente en violencia. Son muchas malas noticias juntas.

“Hay entidades en el país en donde no existían los secuestros. En Monterrey, por ejemplo, nadie hablaba por décadas (de éste delito). En Nuevo León no ocurrían, en Oaxaca, Tlaxcala y Tabasco, sin lugar a dudas, aumentó el número de casos”, explicó Pablo Carstens Madero, experto internacional reconocido por la ASIS (International Advancing Security Worldwide).

La apreciación del especialista es respaldada por las cifras del SNSP. Un ejemplo es Tlaxcala, donde se han registrado 205 denuncias por el delito de privación ilegal de la libertad, de enero de 2007 a marzo de 2008, el mayor índice del país en este periodo.

En los casos recientes se ha detectado una mayor aplicación de la violencia que ha reducido el índice de sobrevida de la víctima, generada por poca experiencia del delincuente y la imitación de modelos.

“El término violencia lo aplicamos a la agresión física sobre la víctima, pero más que nada lo estamos encaminando a las posibilidades o las probabilidades de sobrevida, de regreso de la persona retenida.

“Antes, en el país, arriba de 90 por ciento de los casos, casi todos los secuestros terminaban bien, situación que se mantuvo así por mucho tiempo; sin embargo, hoy muchas crisis terminan mal, y no necesariamente por una explicación ejemplar”, sostuvo Carstens Madero en entrevista con Excélsior.

“Hace 20 años hablábamos que los ‘secuestrables’ eran muy ricos, los que tenían grandes fortunas. Hoy hablamos de casos de todas las clases sociales, de todos lugares, esto es algo que nos hace pensar que las cantidades que se piden son las cantidades que se pueden pagar, resalta el especialista del ASIS.

“La familia paga lo que puede pagar, la gente paga de acuerdo a su realidad. A veces piden cantidades muy altas y por eso se necesita reconocer que se tiene que negociar. Se debe encontrar un punto de acuerdo, conforme a las posibilidades de la familia de lo que pueda conseguir. Hay situaciones de 20 mil pesos y otras de millones de dólares como rescate”, dijo Carstens.

Al realizar un análisis sobre la operación de secuestro se destaca la falta de medidas de prevención y precaución de las posibles víctimas; la exposición de información personal o económica a través de diversos medios de comunicación, entre ellos las comunidades en internet o publicaciones de gran circulación, pueden ser un factor que beneficia la actuación delictiva.

“Ve al puesto y compra una revista de sociales. Personajes públicos permiten que se fotografíen sus casas, donde muestran una escultura que nada más les costo cuatro millones de dólares.

“Ahí está la información. Ya no se trata de espionaje; métete a la web, chécate el directorio de las 500 empresas más grandes, ahí esta la información. No hay que ser brillante para poder elegir un blanco”, alertó Carlos Seoane, especialista en manejo de crisis del Crismarc Institute.

En el análisis de esta conducta ilícita se han definido otras modalidades de plagio y que se diversifican hacía diferentes blancos.

“Hay secuestros ‘migrados’, los que empiezan como un exprés y deciden conservar a la víctima, pero sin tener mucho estudio de sus recursos (…) Antes la figura del secuestro exprés no estaba tipificado como tal. Entonces las penas eran diferentes.

“En el momento en la que se vuelve secuestro esta modalidad, pues los delincuentes lejos de sentirse desalentados continúan con el delito. Decían: ‘bueno ya lo tenemos, ya nos la jugamos, vamos a guárdalo (a la víctima), acabo ya es secuestro’; entonces, comenzamos a tener modalidades dispersas de plagios, es decir, no planeados”, señaló el especialista.

Por otra parte, se define como coyunturales en los que el cobro del rescate pasa a segundo término. En este caso el principal objetivo es asesinar a la víctima y mantener cierta hegemonía de su grupo sobre algunas áreas geográficas. Por lo general, los afectados por estos secuestros no son liberados con vida. Dada la naturaleza de este delito, y en virtud de que las víctimas son integrantes de grupos rivales, no todos son denunciados.

Y están los vinculados con la delincuencia organizada y que son los que realizaban los grandes plagiarios como Daniel Arizmendi, Alfredo Ríos Galeana o Andrés Caletri, hoy presos.

En dichos casos se ha detectado la participación de delincuentes que han evolucionado a partir de delitos menores que no han sido sancionados y de personas con antecedentes de estancia en prisión, así como de algunos ex policías en activo.

Probablemente son grupos mucho más organizados que estudian muy bien a una víctima, que conocen bien sus recursos, evidentemente las demandas van a ser de mucho dinero.

La negociación es un mal, pero es necesario en un caso de secuestro. El concepto es frío, la víctima se ha convertido en una mercancía por la cual hay que negociar.

Aislarse es un error cuando algún familiar es la víctima, consideran los especialistas; el delito se debe de denunciar a las autoridades ministeriales y de investigación sin restricción de cualquier caso.

Los afectados deben tomar en cuenta tres factores para resolver el problema: primero, señaló Carlos Seoane, se debe confirmar el hecho, ya que se ha detectado la frecuente participación de extorsionadores.

“Hay muchas llamadas diciendo que está ocurriendo algo que en realidad no es, entonces hay que verificar la amenaza; es tan sencillo como buscar en el trabajo, llamar al celular, de la supuesta víctima.

“Aquí aconsejo: si hay un golpe de éste tamaño y está confirmado el hecho, es un problema muy grande y se tiene que pedir asistencia de alguna persona de confianza, de un asesor, sin evitar a las autoridades, siempre se debe de denunciar”, destacó.

Lo ideal para empezar con esta crisis, agregó el especialista, es conjuntar un comité que será el que tome las decisiones. El grupo deberá estar integrado por cinco o seis personas, y cada opinión tendrá el mismo valor.

“Las decisiones tienen que ser condensadas; en el momento que se conforma un comité se busca un objetivo en común, por ejemplo, queremos que regrese la víctima, pronto, sano y salvo; sin embargo, no se puede permitir que el abogado, el consultor privado, el sacerdote o la autoridad decidan por la familia afectada, por su bienestar y con su dinero.”

La familia debe aceptar la asesoría, pero al final quien debe tomar las decisiones es el grupo cercano a la víctima, o con el comité, explica el experto. “Se debe saber la consecuencia de la toma de decisiones, los posibles escenarios y el impacto de lo que se opta”.

La víctima se convierte en una mercancía de la que debe hablarse como tal durante la negociación; la variedad de secuestros económicos es muy amplia, y para cada tipo existen diferentes fórmulas de negociación.

La más recurrente consiste en convencer al criminal de que se equivocó en los cálculos que hizo sobre los bienes del secuestrado, lo que en la mayoría de los casos es cierto, dice el experto.

“El tiempo siempre será un factor de presión, en términos criminales, para ambas partes; de un lado hay una posibilidad de ser atrapados y recibir hasta 40 años de cárcel. También está la posibilidad de acelerar la liberación de la víctima, porque quiero que esto ya se acabe.

“Aquí hay que observar que el problema puede radicar en la falta de confianza, no importa si es una asociación gubernamental, si es un asesor privado, si es la autoridad; (el problema) va a radicar en dónde deposito mi confianza para que, con inteligencia y sin sentimientos, reciba yo la mejor información para tomar decisiones.

“Hay familias que se niegan a recibir ayuda, y eso dificulta más el problema. La gente debe tener un consejo profesional para salir adelante; el objetivo es el mismo, la familia quiere que regrese la víctima y la policía atrapar a los delincuentes, indicó Carlos Seoane.