MORELIA.— A las pensiones otorgadas por el gobierno michoacano a las familias de las víctimas mortales o a aquellos que resultaron mutilados en los atentados del 15 de septiembre pasado les acecha una fecha de caducidad. Una vez que concluya el mandato de Leonel Godoy Rangel, quedará al libre arbitrio del siguiente gobernante mantener o no los apoyos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Michoacán, Samuel Navarro Sánchez, explicó que a aquellos que actualmente cuentan con el respaldo del gobierno estatal, no se les duplicarán apoyos: “Quienes ya reciben a través del Congreso del Estado una pensión, no podrán recibirla del Congreso a menos que el gobierno del estado la suspenda y entonces entrará supletoriamente la que fije el Congreso del estado”.

Los recursos van desde mil hasta tres mil pesos mensuales; algunos se acompañan de despensas, medicamentos y prótesis; sin embargo, para muchos de los afectados esto en insuficiente, pues en algunos de los casos se trata de personas de la tercera edad, otros después de estos hechos perdieron su empleo o quedaron incapacitados.

Paralelamente, el legislador local explicó los candados que se impusieron a la normatividad para evitar entregar pensiones vitalicias de manera indiscriminada. Entre los requisitos para acceder al beneficio de la pensión alimenticia destacan la precariedad y condiciones de extrema pobreza, a esto se suma que una comisión designada por los legisladores deberá evaluar la viabilidad de otorgar el recurso.

La pensión vitalicia se amplía a todos los afectados, sean de Morelia o de cualquier parte de Michoacán, o bien, transiten por el lugar y sean afectados por una situación de esta naturaleza. Sin embargo, el espíritu del marco legal que se crea por la necesidad de amparar a quienes sufrieron daño en los festejos de septiembre de 2008, explicó, es que los menos favorecidos se vean auxiliados por la ley en estos momentos.