El secuestro de Francisco Santos, hoy vicepresidente de Colombia, cimbró al gobierno y a la sociedad de ese país. Esa noche de agosto, cuando fue capturado por órdenes de Pablo Escobar, junto con otros diez periodistas, la historia del plagio en esta parte de sudamérica nunca volvería a escribirse con la misma impunidad, y se construiría un tramo del camino que ha devuelto parte de la libertad al pueblo colombiano.

Gabriel García Márquez dedicó su libro Noticia de un Secuestro a los protagonistas de este hecho: “Su dolor, su paciencia y su rabia me dieron el coraje para persistir en esta tarea otoñal, la más difícil y triste de mi vida”.

En los años ochenta, las noticias de secuestros en Colombia se esfumaban entre los dedos de los periodistas, porque ya no era novedad para los colombianos, sino el pan de cada día... hasta el 30 de agosto de 1990, cuando este país, sólo con la mitad de los siete mil casos denunciados en México en 2007 según la ONG holandesa IKV–Pax Christi, comenzó a cambiar.

Los Extraditables comandados por el patrón comenzaron a secuestrar a la prensa para frenar la ley de extradición a Estados Unidos, que el entonces presidente César Gaviria pretendía aplicar contra los narcotraficantes.

“Preferimos una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos”, decía Escobar.

Era 1990. Francisco Santos, mejor conocido como Pacho Santos, iba manejando su jeep rojo después de salir del periódico El Tiempo, donde era jefe de redacción y accionista. Iba rumbo a su casa, pero a la mitad del camino de una de las avenidas más importantes de Bogotá, Boyacá, dos hombres lo secuestraron a punta de 9 milímetros y subametralladoras con silenciadores, uno de ellos disparó varias veces a la cabeza de su chofer Oromasio Ibáñez.

Durante los ocho meses que duró el plagio, la tinta en los periódicos no dejó de correr. Los lectores colombianos se apropiaron de la historia de Pacho Santos, porque las cartas que escribía como prueba de su supervivencia se publicaron en El Tiempo, medio que también sirvió para que su familia se comunicara con él.

“Sólo deseo que este drama, no importa cuál sea el final, acabe los más pronto posible para que todos podamos tener por fin paz”, escribió Santos en cautiverio, después de que un guardia le confesó que ese día comenzaría la matanza de rehenes, uno cada tres días, hasta terminar con los diez secuestrados.

El final que no se le ocurrió a Pacho cuando redactó estas líneas, para despedirse de su esposa y de su padre, fue que un año después crearía la Fundación País Libre, una de las organizaciones contra el secuestro más importantes de Colombia y que presionaría al gobierno, a través de campañas mediáticas y grandes marchas contra ese delito, hasta publicar la Ley 40 de 1993, legislación antisecuestro que expropia bienes a los criminales, que condena a quienes paguen rescate, a las personas que callen un secuestro, a los funcionarios que inciten la vía del pago, y endurece penas aquellos secuestradores ex miembros de las fuerzas militares o a los que retengan menores de edad.

El destino de Pacho, una década después de ser noticia nacional, se uniría también al de dos actores fundamentales en la lucha contra este delito: el presidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, éste último, hermano de Pacho y ministro de Defensa.

Estos tres importantes personajes de la política reciente colombiana compartían una historia semejante: fueron víctimas de un secuestro.

Siete años antes del caso de Santos, el 14 de junio de 1983, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinaron al padre de Álvaro Uribe al intentar capturarlo en su finca Las Guacharacas.

“Para Uribe, acabar con el secuestro es una obsesión”, dijo en entrevista Olga Lucía Gómez, directora de País Libre.

Álvaro Uribe nació en Medellín, Antioquia, en 1952. Esta zona es la más golpeada del país por la violencia y los secuestros, en los últimos diez años, en este departamento (equivalente a un estado en México), con una población menor a seis millones de habitantes, se cometió 20 por ciento de los 23 mil plagios que hubo en todo Colombia.

Javier Mejía, cineasta antioqueño, cuenta que tituló a su ópera prima Apocalipsur, “porque parecía que el juicio final había comenzado. Ya no existía esperanza ni futuro, sabíamos cuándo íbamos a salir de casa, pero volver era una incertidumbre”. Esta cinta, ganadora del premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Cartagena en 2007, retrata el secuestro de un joven de clase media alta, en Medellín, a principios de los años noventa, inspirada en la desaparición de un amigo que viajó a Suiza, huyendo de la violencia.

Pablo Escobar llegó a ser el secuestrador más importante de Medellín. Los familiares de las víctimas acudían con él para ver si en calidad de capo mayor podía servir de intermediario. Y sí lo era, pero también se quedaba con el pago del rescate, porque él, además de ser el mediador, era el autor intelectual, cuenta Mauricio Rubio en su libro Del Rapto a la Pesca Milagrosa, Breve Historia del Secuestro en Colombia.

Desde el comienzo de su presidencia, Álvaro Uribe tomó al secuestro como su caballo de batalla. Estableció en la Ley 812 su estrategia de seguridad democrática para combatir al crimen organizado, y siguió con minucia cada operación.

La primera misión de su incansable lucha fue resquebrajar, con ayuda de la milicia, los santuarios, la tierra de nadie, donde la guerrilla tenía dominio absoluto para movilizar a sus secuestrados. Se calcula que tres de cada diez cautivos eran trasladados a otros departamentos.

Posteriormente, incrementó los recursos para combatir este delito, de 19 a 34 millones de dólares. Unificó las bases de datos de todas las instituciones para saber el comportamiento del secuestro en el país y, por último, con ayuda de Estados Unidos, creó la primera escuela en América Latina de entrenamiento e inteligencia para los grupos antisecuestro, GAULA (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal), y la tercera del mundo después de Indonesia y Paquistán.

“Álvaro Uribe logró unir las voluntades de todas las instituciones del estado para luchar contra el secuestro, a pesar de los celos políticos que había entre la fiscalía, la policía y el ejército. ¿Y cómo lo hizo?, llamando a diario a cada uno de sus ministros para pedirles resultados específicos sobre sus operaciones”, según Olga Lucía Gómez.

El Comandante de la Región 4 del GAULA, General Brigadier Jesús Antonio Gómez Méndez, confesó que, al principio de este frente contra el secuestro, sí habían celos con las demás instituciones, por la competencia histórica entre policías y militares, pero se han ido extinguiendo a través de los consejos de seguridad que sostienen de manera regular con todos los grupos y con la repartición de jurisdicciones: el ejército opera en zonas rurales; la policía interviene en el área urbana, y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se enfoca en la inteligencia.

Álvaro Uribe convocaba a Consejos de Seguridad a las siete de la mañana, todos los días.

Alguien que presenció una llamada que hizo el Presidente a uno de sus generales, le platicó a la revista Semana cómo Uribe exigía acciones inmediatas: “General, hace cuatro horas lo llamé para contarle que había un retén guerrillero en la carretera a Cocorná. Y me acaban de decir que sigue allí. Espero que en media hora me llame y me diga que los ciudadanos ya pueden transitar tranquilos”.

Catorce años después de aquel secuestro que acabó con la entrega de Pablo Escobar y con la muerte de dos de los diez periodistas capturados, Pacho Santos, vicepresidente de la República, asistió a la inauguración de la escuela antisecuestro ubicada a 50 kilómetros del sur de Bogotá. Ahí, el entonces ministro de Defensa, José Alberto Uribe le dedicó parte de su discurso:

“A Francisco Santos, quiero hacerle un reconocimiento especial por su compromiso de muchos años y por su acción decidida en la lucha contra la extorsión y el secuestro en el país, asimismo a los miembros de la Fuerza Pública (…) que han hecho posible que los colombianos hoy registremos una reducción considerable de estos delitos”.

Los primeros instructores del GAULA, una vez seleccionados como mejores elementos de la policía, viajaron a Israel, Estados Unidos y España, para tomar un curso sobre técnicas de intervención e inteligencia y luego enseñárselas a su gente.

Ahora que este grupo ya creció y lo conforman mil personas entre fuerza militar, personal de inteligencia y civiles, para evitar filtraciones o corrupción, ganan 40 por ciento más que el sueldo promedio de un policía y cada cierto periodo son sometidos a un detector de mentiras, polígrafo, como prueba de fidelidad.

La reducción en 85 por ciento del secuestro en Colombia, en los últimos ocho años, pasando de tres mil 572 plagios anuales a 521, se logró por la unión de varias fuerzas: Uribe comandó desde su gobierno a la Fuerza Pública, el Congreso aprobó leyes que endurecieron las penas contra los captores y dieron incentivos a la sociedad para que denunciara este delito, el secuestro de la francocolombiana Ingrid Betancourt internacionalizó el problema y desde la Fundación País Libre, Francisco Santos ha mantenido una lucha para que la prensa y la sociedad repudien al secuestro.

“Nosotros hemos hechos campañas para vencer el miedo a denunciar. Si la sociedad no se apropia de este problema es muy difícil que pase algo sin ejercer presión”, concluyó Olga Lucía.

Cuando llega una persona a País Libre a pedir asesoría por el caso de un secuestro, la atiende un sicólogo, un periodista, un abogado y un trabajador social.

Lo primero que se le advierte a la víctima es que si calla el delito perderá los privilegios que el gobierno otorga a quien sea plagiado: pago del salario hasta su liberación, educación para sus hijos menores de edad, atención médica y sicológica para toda la familia y suspensión de impuestos.

El terror sicológico que los criminales inyectan a sus víctimas ha dejado de ser un freno para que se denuncie el plagio ante las autoridades, y siete de cada diez colombianos que sufre por secuestro van a los Gaulas y levantan una averiguación previa. También quedaron atrás las negociaciones cuantiosas como protección del secuestrado.

En los últimos cinco años, se estima que el flujo de dinero por este ilícito disminuyó de 14 a dos y medio millones de dólares anuales.

“Antes, los periodistas estábamos poco informados de los plagios porque la gente tenía miedo, pero la sociedad se ha dado cuanta de la presión que podemos ejercer. Ahora recibimos casi todas las noticias de secuestros, ya sea a través de organizaciones, de comunicados de prensa de la fuerza militar o de las propias víctimas que llegan con nosotros para denunciar este hecho”, dijo Mauricio Builes, corresponsal de Medellín de la revista Semana.