La PGR ejercitó acción penal el 4 de noviembre de 2008 contra los tres hombres detenidos por el atentado en Morelia.

A casi un año del hecho, los presuntos zetas Julio César Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeana y Alfredo Rosas Elicea esperan a que se desahoguen diversas pruebas y se les dicte una sentencia.

El agente del Ministerio Público de la Federación aportó pruebas de su presunta participación en delincuencia organizada, terrorismo, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, posesión de granadas y lesiones calificadas.

Esta es la primera ocasión desde hace 15 años, cuando se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se consigna a presuntos narcotraficantes por el delito de terrorismo.

Sin embargo, la falta de una investigación científica y de gabinete ha generado dudas sobre la responsabilidad de los tres acusados: organizaciones no gubernamentales han hecho señalamientos sobre deficiencias del proceso.

En documentos integrados a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008, los tres acusados aseguran que fueron secuestrados y torturados para que confesaran su participación en el atentado del 15 de septiembre de 2008.

Unos días después de su aseguramiento, los hombres ofrecieron la declaración de más de 20 testigos para comprobar su inocencia. Sin embargo, denunciaron familiares, estas pruebas no se han tomado en cuenta.

“También solicitaron los videos que distribuyó la PGR en los que reconocen haber participado en el atentado; pero, apuntaron, ya se ha hecho del conocimiento del juez que ellos no sabían que los estaban filmando ni a quién le estaban diciendo eso, ya que estaban bajo amenaza.

“Como prueba de descargo estamos pidiendo las grabaciones de las casetas de cobro que se encuentran en los alrededores del municipio de Lázaro Cárdenas, para comprobar que ninguno de ellos salió en vehículo hacía Morelia, que está a más de 400 kilómetros de donde vivimos”, dijo Magali Castro Galeana, hermana de El Grande.

A la fecha, las autoridades ministeriales, del fuero federal y común, han suspendido las investigaciones para corroborar los supuestos actos de tortura y privación ilegal de la libertad que fueron denunciados por los tres acusados.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó: “Ya se les han practicado pruebas y exámenes médicos con los que se podrá corroborar que existió tortura, amenazas y secuestro”.

Los familiares de los acusados aseguran que en las diligencias no se han tomado en cuenta dichos señalamientos de coacción.

“Los defensores han solicitado la entrega de los videos, sin ediciones, que fueron tomados el 15 de septiembre en la plaza Melchor Ocampo y que la PGR presentó como pruebas; según en esas cintas aparecen nuestro familiares.

“Sin embargo, ninguna de las imágenes es clara y contundente para acreditar que se trata de los tres hombres que tienen retenidos de manera ilegal; ya los hemos solicitado pero nos han puesto muchas trabas y no los entregan”, afirmó Magali Castro.