Bajos salarios, excesiva burocracia, pocas oportunidades para la movilidad y escasos espacios para la actualización profesional son algunas de las aristas de la problemática que enfrentan los académicos de la Universidad Nacional.

Preocupados por esta creciente dificultad, docentes e investigadores registraron en el pasado proceso de sucesión de la rectoría una constante: pedir a los aspirantes que pongan mayor atención a esta labor, porque carecen de un programa de estímulos apegado a la realidad y padecen privilegios y castigos por parte de la burocracia, que incluso a maestros con 25 años de trayectoria les niega su derecho a cobrar.

Los académicos pidieron a los candidatos que la burocracia deje de gobernar a la academia, se reconozca y valore adecuadamente la diversidad de trayectorias académicas de los profesores frente a grupo y los investigadores, a fin de brindar oportunidades equitativas de superación y dejar atrás la dinámica de privilegiar a quienes pertenecen a determinado grupo académico o político, pese a no contar con la calidad necesaria.

Desean la actualización de los requisitos, funciones, derechos y obligaciones del personal académicos; definir las figuras de profesores e investigadores; definir el perfil de los técnicos académicos; de los profesores de asignatura y de los ayudantes de investigador y de profesor.

Pero una de las demandas constantes es que se revalore el papel de los profesores frente a grupo, pues se carece de mecanismos que fomenten la carrera docente y no existen criterios de evaluación objetiva que tomen en cuenta este trabajo, ya que todos los parámetros se refieren al mundo de la investigación.

Estos criterios de evaluación resultan para ellos fundamentales, porque el problema salarial se convierte en la columna de sus preocupaciones, al sentir una fuerte carga de trabajo para acceder a mejores ingresos y, pese a ello, mantener la vulnerabilidad salarial, toda vez que el mayor peso de sus sueldos está en los puntos extras de la evaluación, no en el salario base.

Una de las demandas históricas de los académicos es la reforma al Estatuto del Personal Académico (EPA), que se trabaja formalmente desde finales de 2002, pero hasta ahora todavía no existen condiciones para el cambio sustancial, porque se registran diversos puntos de polémica.

Uno de ellos es el referente a la integración de la figura de profesor-investigador, pues desde la perspectiva de muchos académicos no funcionará mientras no existan vínculos reales entre la docencia y la investigación pero, sobre todo, mientras no se cuente con estímulos para realizar ambas tareas que ya están en la legislación actual.